La Justicia Electoral pidió quedarse con las causas de aportantes truchos

El juez subrogante platense Adolfo Ziulu pidió investigar esas causas e hizo lugar a un pedido del PRO para evitar que la investigación la lleve adelante el fuero penal. Conflicto en puerta.

El juez federal subrogante con competencia electoral de la Provincia, Adolfo Ziulu, se declaró este miércoles competente en las causas sobre los aportantes truchos a la campaña electoral de Cambiemos y pidió a los jueces federales Sebastián Casanello y Ernesto Kreplak que le remitan sus actuaciones. La medida hace lugar a un pedido del PRO.

En la resolución, que fue publicada por el Centro de Información Judicial, Ziulu le requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, y al Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, “la inmediata remisión de las actuaciones labradas con motivo de las denuncias formuladas por supuestos aportantes con motivo de las elecciones primarias y generales correspondientes al año 2017”.

El fallo declara la competencia de ese fuero -y no del fuero penal al que pertenecen Kreplak y Casanello- para entender en aquellas causas relacionadas con el control del cumplimiento de la ley de Financiamiento de Partidos Políticos N° 26.215, haciendo lugar a la inhibitoria articulada por los apoderados del partido “Pro-Propuesta Republicana”. Fuentes judiciales señalaron a este medio que la estrategia de la defensa es que todo el tema pase como una infracción electoral, que tiene menos consecuencias penales. 

A sabiendas de que su resolución generará un conflicto con sus colegas del ámbito penal, Ziulu aclaró en el escrito que si Casanello y Kreplak no comparten su resolución, envíen las respectivas causas a la Cámara Nacional Electoral para dirimir el conflicto de competencia.

Kreplak investiga la denuncia realizada por un grupo de beneficiarios de planes sociales de Villa Itatí, en Quilmes, que aparecieron como aportantes de la campaña 2017 pero aseguran que no pusieron un peso ni están afiliados al partido gobernante. Las denuncias son por falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falsificado y lavado de dinero. 
Casanello, por su parte, investiga la denuncia presentada por la ONG La Alameda también sobre falsos aportantes y la posible comisión de lavado de dinero pero en la campaña porteña del PRO.




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