Se trata de Daniel Luna, quien había sido cesanteado en enero de 2018, sin justificación.

El fallo declara “la nulidad del despido dispuesto por INTI” y advierte que “la reposición en el puesto de trabajo deberá hacerse en las mismas condiciones vigentes a la fecha del despido, en cuanto a destino, horario, carga laboral, y remuneración”. Además, el INTI deberá “pagar los salarios caídos desde el despido y hasta la efectiva reinstalación en el puesto”.
El fallo respalda la acusación por parte de la Junta Interna de ATE-INTI sobre la persecución sindical de la que fue víctima Luna. “INTI no justificó el despido ni logró excluir la causal discriminatoria de las motivaciones de la ruptura del vínculo, lo que me lleva a concluir que la disolución del vínculo tuvo por móvil real y solapado la discriminación del actor por su actividad sindical y con el objeto de obstaculizarla”, al tiempo que remarca: “En época de crisis –cualquiera sea su causa o justificación- es cuanto más resulta necesaria la existencia de trabajadores que representen el interés de los trabajadores con su actividad sindical, para moderar el impacto de la crisis en la planta de personal”.
En un comunicado, la Junta Interna ATE-INTI destacó: “La justicia nos da la razón: los 258 despidos de enero de 2018 tuvieron el objetivo de atacar al activismo del Instituto, que lucha hace décadas por la defensa de los puestos de trabajo, el salario, la carrera laboral y las líneas de trabajo”. De la misma forma, consideró que las autoridades no pudieron presentar pruebas: “Esta es la rigurosidad con que se maneja Javier Ibañez y su staff: por fuera de toda legalidad, sin argumentos ni solidez alguna. De la misma manera dirigen al Instituto: una banda sin conocimientos científico ni técnico, y sin ningún logro en la comunidad científica. Su único tarea en INTI es el desvío de fondos públicos, que los trabajadores/as venimos denunciando sistemáticamente. Y para ello persiguen, militarizan y despiden”.
Finalmente, recordó que “este es el segundo fallo de reinstalación definitiva que se efectiviza; el anterior, del delegado Germán Aranibar, aún no ha sido acatado por las autoridades, en una maniobra de corto alcance”. Por tanto, “denunciamos que las autoridades de INTI se encuentran en la ilegalidad. Esta nueva victoria es un punto de apoyo para seguir continuar esta histórica lucha, por la reinstalación de todos nuestros 266 valiosos compañeros/as profesionales, científicos y técnicos despedidos”.
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