Además, ordenó el pago de 500 mil dólares para la empresa "Las Margaritas".
Los vocales Mateo Busaniche, Cinthia Gómez y Beatriz Aranguren confirmaron la condena en un fallo unánime con fecha del 10 de mayo pasado, y ordenaron el pago de una multa de 500.000 dólares para la empresa «Las Margaritas».
La causa investigó una presunta estafa y el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de El Diario de Paraná, por la cual solicitaron dos préstamos a entidades bancarias a tasa subsidiada que los socios usaron en provecho propio; y un «vaciamiento» patrimonial de El Diario a través de una sociedad fantasma.
En la denuncia, de 2011, Dolores Etchevehere le atribuyó a su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y a sus hermanos haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, otorgados en julio y agosto de 2011 y destinados a actividades productivas con una tasa en dólares del 8% anual, pero les achaca haberlos distribuido entre los miembros del directorio para fines personales.
También acusa a sus hermanos Arturo Sebastián Etchevehere; al expresidente de la Sociedad Rural Argentina y exministro de Agricultura en el gobierno de Macri, Luis Miguel; y al exdelegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el macrismo, Juan Diego.
La investigación detectó administración fraudulenta entre 2011 y 2015, con un «vaciamiento patrimonial por la venta simulada de numerosos inmuebles» de SAER, «en perjuicio tanto de Dolores como de terceros».
La operación de vaciamiento significaba la «asunción de un mayor endeudamiento y la venta a precios muy inferiores a los de mercado de ocho de sus bienes», entre los cuales se incluyó la redacción de El Diario.
Esa denuncia fue confirmada por un fallo de primera instancia del Juzgado Federal 1 de Paraná y esta semana la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la decisión.
Los tres vocales, en una decisión unánime, explicaron que «ha quedado demostrado que la firma y sus directores incumplieron con el destino específico de los préstamos» solicitados, y «se autofinanciaron, por lo que se evidenció la falsedad de la declaración jurada cambiaria».
Además, ratificaron la multa de U$S 500.000 a la empresa y los acusados, «atento a la gravedad de la infracción, y al movimiento económico de la empresa», monto que «no resulta irrazonable ni desproporcionado».
Por ello, rechazaron el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, Rubén Pagliotto, y ratificaron la condena «por falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de préstamos solicitados».
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