La justicia se resiste a otorgar domiciliarias y crece la tensión en las cárceles

“En cuanto entre el coronavirus a una cárcel tendremos una tragedia. No sólo por la propagación, que será inevitable, sino por la reacción de los presos, que son los más preocupados por esa situación. Las cárceles son un polvorín y la pandemia potenció todo”.

Preocupado, un juez penal que lidia a diario con causas por flagrancia y decide a quién manda a la cárcel y a quién no, advirtió a Tiempo que “no hay margen para nada”.

En marzo del año pasado, el ex ministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano, declaró la “emergencia penitenciaria” por un lapso de tres años, acaso confiando en que sería él quien comandaría un incierto proceso de normalización del sistema carcelario.

La gestión de Garavano imaginó como solución de la problemática tumbera la creación de una Comisión de Emergencia policromática para “resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal; mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”.

Un año después, no sólo no pasó nada de eso sino que la situación empeoró. Sólo hubo una compra insuficiente de tobilleras electrónicas y poco más. Y por una decisión política del anterior gobierno, prácticamente ningún tribunal dispone de“medidas alternativas” al encierro.

Si hoy estallara un caso de coronavirus, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) estaría preparado para controlar el aislamiento del contagiado. Hay cuatro celdas en el penal de Marcos Paz, habitaciones en el hospital penitenciario de Ezeiza y eventualmente derivaciones al hospital Muñiz. Pero en las cárceles no hay respiradores, en caso de ser necesarios.

La periodista Luciana Bertoia, de El Destape, tuiteó el viernes: “Las cárceles federales están superpobladas y en emergencia desde el año pasado. La única unidad que tiene un 36% de ocupación libre es la de Campo de Mayo, donde alojan a los genocidas. Pero las únicas domiciliarias que discutimos son las de ellos”.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la Cámara de Casaciónrechazó las prisiones domiciliarias de presos que, de estar en libertad, constituirían población de riesgo ante un eventual contagio: los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el empresario ferroviario Claudio Cirigliano, el dirigente piquetero Luis D’elía. Pero también a violadores de los Derechos Humanos como Miguel Etchecolatz y Alfredo Astiz. Son nombres conocidos; hay cientos de anónimos en similar situación.

El viernes pasado, los jueces Alejandro Slokar, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña arrojaron una gota de agua limpia a un océano turbio: concedieron la domiciliaria a una “persona que se encontraría dentro de la población que posee un alto riesgo de contagio y la necesidad de dar primacía, en este contexto, al Interés Superior de su hijo menor de 9 años de edad”. Un botón que no sirve de muestra.

El Servicio Penitenciario elaboró una lista de más de 1200 presos en condiciones de acceder, en este escenario, a la prisión domiciliaria.

El caso del ex vicepresidente Amado Boudou es peor aún: el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, desestimó un planteo de su defensa para que de una vez se revise su recurso de queja contra la condena por la Causa Ciccone y, entretanto, se le conceda la excarcelación porque la pena no está firme. Todo ello, en el contexto del coronavirus.

Rosenkrantz invocó la Acordada 6/2020, que estableció la “feria extraordinaria” por la pandemia: «no se configuran los presupuestos establecidos por los artículos tercero y cuarto de la norma, corresponde denegar la petición formulada». Sin embargo, el artículo cuarto de la Acordada sostiene que «se deberá tener especialmente en consideración, entre otras, las siguientes materias: cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas…”. Exactamente la situación de Bodou.

El viernes, el tribunal oral federal número cuatro rechazó la excarcelación argumentando que Boudou “no presenta patologías crónicas, ni tratamiento médico actual. No cursa enfermedad infectocontagiosa aguda, no presente enfermedad predisponente en caso de infección de COVID-19. Los otros detenidos sí, pero tampoco les dieron la domiciliaria.

Ante la ajenidad que los jueces muestran frente al problema, el Servicio Penitenciario y los propios presos tomaron medidas. La mayoría de los reclusos suspendieron las visitas, con todo lo que ello significa en materia de contención emocional.

La Procuración Penitenciaria estima que la superpoblación en las cárceles federales oscila entre el 12 y el 20%, según cómo se mida. La situación es, por cierto, menos explosiva que en la provincia de Buenos Aires, donde esa tasa orilla el 50 por ciento. Pero igualmente es un polvorín con gente fumando alrededor.