La decisión fue tomada por el juez porteño Roberto Gallardo. Lo hizo luego de determinar que el macanismo fue utilizado para informar los datos de Alberto Fernánez, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Estela de Carlotto, entre otros.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, que además ordenó una batería de medidas de prueba, al constatar que el sistema había sido utilizado para obtener datos biométricos del presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández, y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas personalidades públicas.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) estaba habilitado para migrar datos biométricos de las personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). En 2019 había unas 35.000 personas en esa condición y llegaron a 40.000 al momento de contestar el oficio. Sin embargo, entre abril de ese 2019 y marzo del 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde el Ministerio de Seguridad de CABA fueron más de 9 millones.
Las búsquedas presuntamente irregulares fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), a cuya base de datos recurre el sistema de reconocimiento facial para migrar los datos biométricos (en particular, las imágenes de los ciudadanos registradas en la documentación personal).
Del informe elaborado por el Renaper surge que, entre abril de 2019 y marzo de este año, fueron migrados los datos biométricos del Alberto Fernández (76 veces); de CFK (225 veces); del diputado Máximo Kirchner (12 veces); del Ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, (3 veces) y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, (12 veces), entre otras figuras públicas .
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