La Ley ómnibus pasó el primer test pero se desarmó en el camino y se complica el tratamiento en particular

Este viernes, luego de 30 horas de debate y una sesión que se extendió por tres días, la votación en general de la Ley Ómnibus dejó un saldo numérico muy cercano a las previsiones del oficialismo, pero al cabo de una negociación que todavía tiene un largo camino por recorrer para evitar que el texto impulsado por el Ejecutivo se siga desplumando.

Con 144 votos positivos y 109 en contra, la iniciativa finalmente pasó el primer examen en el recinto, pareció aportarle un alivio al Gobierno, aunque a partir del martes comenzará el tramo más delicado con la votación particular de cada uno de los 363 artículos que le quedaron al texto.

En la noche del jueves se definió una parte del intercambio entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista. A esa hora se cerró una segunda etapa de concesiones por parte del Gobierno, cada vez más empeñado en apurar los tiempos y evitar que la demora del trámite siga dejando jirones del proyecto en el camino. Por ahora los diálogos sólo alcanzaron para aliviar las preocupaciones de la Casa Rosada y encaminar la obra gruesa del texto, pero después de resignar puntos muy importantes, como el capítulo fiscal.

Los avances del jueves fueron la base para continuarlos este viernes, mientras transcurría la sesión. Después de la votación, que no llegó a los 150 respaldos que esperaba el oficialismo, quedó en evidencia que los intercambios no se detuvieron, pero quedaron casi estancados, con resultados muy exiguos para lo que viene a partir del martes próximo, cuando comience el tratamiento en particular y se ponga a prueba la capacidad del oficialismo para impedir que los aliados esquivos hagan caer artículos clave. Ese giro, anunciado hace una semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió una compuerta hasta entonces obturada que posibilitó discutir ejes que días atrás eran innegociables.

Desde la semana que viene comenzará la instancia más delicada, con una oposición empoderada que, luego de prestar su respaldo para la aprobación en general, hará valer su poder de daño si el Gobierno no accede a alguno de los dos grandes temas que reclaman los gobernadores de JxC junto a los bloques de Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y el PRO. Los legisladores del partido amarillo no están afuera de la negociación pero ya anticiparon que votarán a favor cada uno de los artículos, salvo alguna sorpresa que ponga en crisis la creciente articulación entre el macrismo y La Libertad Avanza.

La tensión más importante moldeará los términos de la próxima negociación. Los bloques dialoguistas se lo plantearon el jueves al ministro del Interior, Guillermo Francos, y este viernes lo ratificaron, pero sin verificar algún avance concreto. Las condiciones de arranque combinan el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS con el reclamo de los gobernadores para coparticipar una parte de la recaudación del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que fue aumentado por el Gobierno del 7,5 al 17,5 por ciento.

El impuesto PAIS grava la compra de moneda extranjera y gastos con tarjeta de crédito en otras monedas y operaciones turísticas. El punto está en la mesa desde que arrancó el trámite en comisiones, aunque esta semana quedó como algo que no se puede separar de los tironeos para evitar que la Ley Ómnibus se siga desarmando. Quedó claro esta semana luego de la reunión que tuvo Francos con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. El impuesto PAIS no es coparticipable y las provincias proponen que se reparta el 30% del incremento recaudatorio que tiene este gravamen. En el encuentro con los mandatarios provinciales Francos dijo que estaba dispuesto a acceder, pero Milei lo desautorizó una hora después y lo dejó entrampado con el compromiso asumido ante 40 testigos.

No fue gratis la desautorización de Francos. Luego de haber comprobado la existencia de una hendija en la intransigencia presidencial, los gobernadores impusieron una nueva condición que no es opcional. Los bloques dialoguistas, a instancias de las provincias, le advirtieron al Gobierno que cuentan con los votos suficientes para incluir en la ley un artículo que ordene la coparticipación reclamada del impuesto PAIS. Si el oficialismo quiere evitarlo, entonces deberá acceder a otro reclamo vinculado al FGS que los gobernadores vienen advirtiendo desde que comenzó el tratamiento en comisiones. Exigen que el traspaso al Tesoro Nacional de los titulos de deuda que posee el FGS se realice con los fondos que compensen a las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. Son 13 cajas jubilatorias pero la exploración de un principio de acuerdo sólo abarcaría a las dos que han sido armonizadas con la Nación, como es el caso de las cajas jubilatorias de Córdoba y Santa Fe, gobernadas por el schiarettista Martín Llaryora y el radical Maximiliano Pullaro.

En esa ecuación todavía se desconoce la cifra total, pero el planteo que escucharon este viernes los representantes del Gobierno dejó una advertencia de dos carriles: o coparticipan el impuesto PAIS o acceden a las compensaciones para las cajas provinciales. Por ahora no hay una tercera vía para salir de ese laberinto y si no hay una respuesta satisfactoria, la votación en particular podría complicarse aún más para el oficialismo. Este viernes apareció un indicio antes de la votación en general. El oficialismo revivió el artículo 196 que elimina el FGS. Había quedado afuera durante los intercambios de los últimos 10 días, pero fue restituído, posiblemente, para contrarrestar la nueva ofensiva de los gobernadores.

El rompecabezas incluye nuevas dudas sobre el capítulo de privatizaciones. El Gobierno aceptó reducir el paquete de venta de empresas públicas de 36 a 27 y las dividió en distintas categorías. Cada pliego deberá pasar por una comisión bicameral que podrá cambiar o frenar la venta, pero los bloques opositores todavía no acceden a bancar esa formulación. Si bien las modificaciones fueron impulsadas por HCF, la vara ahora está más alta y los negociadores anticiparon que  esa parte del texto podría caer la semana que viene si el Gobierno no afloja.

«Ellos no quieren perder nada ahora. No quieren ninguna pantalla que indique una votación negativa en el recinto», contó uno de los legisladores para retratar la predisposición que tiene el oficialismo para la semana que viene. Detrás de ese interés, laten las inseguridades del Gobierno porque también hay grandes chances de que el capítulo de cultura se caiga y pase lo mismo con todas las reformas de legislación penal. Son dos escollos que preceden a un debate irresuelto en la delegación de facultades: todavía hay tela para cortar y hay unos 30 fondos fiduciarios provinciales que el Ejecutivo quiere anular y los gobernadores no quieren resignar. Cada punto es tirante y será materia de debate en el recinto a partir de este martes a las 14. Allí se pondrá a prueba la cohesión de los opositores dialoguistas, pero llegan a esta instancia mucho más fortalecidos que el Gobierno, víctima de la intransigencia inicial y de las concesiones que deberá seguir realizando para que el trámite no naufrague y el alivio de este viernes se transforme en una derrota dolorosa.