La Ley por la Memoria abre otra grieta en España

Tras más de cuarenta años de democracia consolidada, a España finalmente le toca enfrentase a la época más oscura de su historia reciente. Tras una discreta deliberación por parte del ejecutivo de coalición -de corte progresista-, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 15 de septiembre un anteproyecto de ley para la Memoria Histórica en el Estado asume la responsabilidad de localizar y exhumar a los miles de represaliados por el franquismo que yacen en las cunetas y fosas comunes esparcidas por toda la geografía. Adicionalmente la nueva ley declarará la nulidad de todas las sentencias procedentes de los tribunales políticos del antiguo régimen, retirará medallas e invalidará otras distinciones franquistas otorgadas a policías y torturadores del régimen, e ilegalizará todas aquellas asociaciones que hagan apología o glorifiquen el legado de la dictadura -de corte abiertamente fascista-, que imperó en el país durante casi cuatro décadas. Esta medida, que viene a sustituir a la anterior ley de la Memoria Histórica del 2007, se conforma como una iniciativa sensiblemente más ambiciosa. Para ello, la nueva ley pretende ir más allá a través de propuestas concretas como la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, o la resignificación del Valle de los Caídos (Mausoleo y tumba de Estado del dictador Franco, cuyos restos fueron recientemente exhumados en un primer intento de alcanzar la normalidad política con respecto a otros países con sucesos históricos similares como Alemania o Italia). Además la ley incorpora una “perspectiva de género” que se centra en la especial represión que sufrieron las mujeres, y el colectivo LGTBI” entre otros muchos colectivos.

Aunque aún queda finalizar los trámites de aprobación, todo indica que el ejecutivo podrá sacar adelante la medida si bien la oposición conservadora, aunque evita pronunciarse abiertamente, a priori se muestra reacia. Por su parte la extrema derecha (presente en el parlamento como tercera fuerza política) ha manifestado su oposición frontal, mientras que los nacionalistas vascos y catalanes saludan la medida. En cualquier caso, la noticia ha tenido una trascendencia limitada debido a los estragos que la crisis sanitaria global derivada del Covid19 están causando en la economía y en el sistema de salud del país. A pesar de ello se espera que su aprobación sea inminente para así llevar a cabo lo que la vicepresidenta y Ministra de la Presidencia define como “un compromiso de homologación de la democracia con la defensa estricta de los derechos humanos».

De esta manera España atiende finalmente a los pedidos de la ONU que insta al país a continuar en su “búsqueda de la verdad y reparación de las víctimas”. No hay que olvidar que según este y organismos pro-derechos humanos como Jueces para la Democracia, entre otros, “España se sitúa como el segundo país del mundo por detrás de Camboya, con más desaparecidos forzados” lo que lleva al país ibérico a la necesidad de arrojar luz a su pasado e integrarse definitivamente en la normalidad democrática que rige en los países de su entorno. Sobre esa línea, el anteproyecto de la nueva ley de Memora Histórica viene dar pasos inéditos pero firmes en esa dirección.