El diputado nacional mendocino Álvaro Martínez presentó un proyecto para cambiar la Ley de Identidad de Género. Dice que tiene vacíos legales. La prohibición incluye a personas adultas con condena firme. Organizaciones y activistas alertan por el avance de la iniciativa.
El proyecto de ley se presentó en un contexto de ataques desde el Gobierno nacional a la Educación Sexual Integral y los dichos de la vice presidenta Victoria Villarruel en contra de los contenidos literarios disponibles para las adolescencias en las bibliotecas escolares, como el libro de Cometierra de la escritora Dolores Reyes.
En la actualidad, el artículo 5 de la Ley de Identidad de Género permite a los menores de edad cambiar de género con la autorización de sus padres o tutores legales y el acompañamiento de un abogado del niño. Según Martínez, este artículo debe eliminarse porque, en su opinión, “puede ser utilizado por adultos responsables para influir en decisiones que deben ser completamente libres y autónomas”.
No conforme con esto, el proyecto propone añadir un nuevo requisito para adultos: que quienes deseen rectificar su género en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no tengan una condena firme pendiente. De esta manera, segúN el diputado libertario, se evitaría que la normativa sea usada como herramienta para “evadir la Justicia, confundir investigaciones o alterar la ejecución de penas”.
Martínez justificó su proyecto citando ejemplos que, según su perspectiva, evidencian vacíos legales en la normativa actual. Entre éstos mencionó el caso de Gabriela Fernández, una persona transgénero condenada por violencia de género en Córdoba, que fue trasladada a una cárcel de mujeres tras declararse mujer trans. Durante su estadía, Fernández fue acusada de abusar sexualmente de una interna, lo que generó un amplio debate sobre la implementación de la ley.
“Es necesario garantizar que las normativas no sean utilizadas para generar confusión o para que ciertos individuos aprovechen estas leyes en perjuicio de otras personas. Este caso nos obliga a reflexionar sobre los límites y alcances de la legislación vigente”, señaló el diputado.
El proyecto generó polémica en el Congreso. Mientras que algunos sectores consideran que la modificación tiende a proteger a los menores y fortalecer el sistema judicial, otros legisladores alertaron acerca de la grave restricción de derechos adquiridos y criminalización en perjuicio de las personas trans. En este sentido, el Frente de Todos y organizaciones de derechos humanos manifestaron su oposición a la medida, ya que contradice los principios fundamentales de la Ley de Identidad de Género que fue reconocida a nivel internacional como una de las más avanzadas en materia de derechos LGBTQ+.
Por su parte, Martínez aseguró que continuará impulsando el debate en el Congreso con el objetivo de que las modificaciones sean aprobadas.
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