Los analistas desmenuzaron el anuncio oficial y llegaron a una conclusión: si el presupuesto de este año alcanzaba apenas al 28% del de 2023, ahora ese nivel es del 30 por ciento.
No es la primera falsedad del gobierno de Javier Milei en este tema. En febrero anunció una recomposición del presupuesto universitario que nunca se concretó.
El engaño de esta oportunidad tiene un sentido concreto: confundir y restar público a la que será una enorme movilización a realizarse pasado mañana. La marcha ha adquirido un tono claramente político y en el mileismo comienzan a temerle a sus consecuencias.
Congelamiento
El gobierno nacional apostó a un desfinanciamiento de las universidades públicas como forma de obligarlas a proceder a un quiebre estratégico, en palabras de Hernán Camarero (ver página 15). Sería el inicio de una política retrógrada que terminaría por sacar a las universidades públicas del presupuesto nacional, un sueño de siempre de los ajustadores.
El año 2023 inició con un presupuesto destinado a financiar a las universidades nacionales de $ 5,1 billones (millones de millones). Como suele suceder, no alcanzaba y fueron necesarios algunos ajustes.
Este año arrancó con la misma cifra porque el gobierno resolvió repetir el presupuesto del año pasado. Pero la clave de esa decisión fue que esos fondos no serían actualizados en función del paso de la inflación, que sumó 211,4% en 2023.
Es decir, los $ 5,1 billones de 2023 equivalían a $ 1,4 billones al inicio de este año, apenas un 28% de lo que las universidades deberían recibir en todo el año.
Desarmando fakes
¿Cuál fue el aumento que anunció el gobierno días atrás? Los fondos de la universidad financian el gasto de 5 ítems diferentes: salarios docentes, salarios de no docentes, funcionamiento, hospitales universitarios y otros.
Los aumentos que anunció el gobierno fueron dos: del 140% en dos cuotas de 70% cada una, sobre la base de enero, destinado al ítem funcionamiento, y la duplicación del monto destinado a hospitales universitarios.
En una mirada amplia, ese aumento impacta apenas sobre el 7% del gasto total. Por eso, si antes del anuncio el presupuesto universitario de este año equivalía al 28% del que existió en 2023, después ese porcentaje subió al 30 por ciento.
Pero el aumento en los ítems de funcionamiento y hospitales ni siquiera garantiza que puedan funcionar hasta fin de año. Les estira la sobrevida un par de meses más. El ajuste brutal sigue.
El grueso del gasto lo conforman los salarios de docentes y no docentes: juntos alcanzan el 85%. Esos salarios perdieron un 50% de poder adquisitivo desde marzo 2023, en parte durante el gobierno de Alberto Fernández, pero fundamentalmente bajo este mandato ultraderechista. La única propuesta del gobierno ha sido un aumento del 8%, que fue rechazado de plano por los trabajadores universitarios.
María Monza, economista e integrante del Centro de Investigación de Economía Nacional, le dijo a Tiempo: «Lo central, que son los salarios, siguen sin tener un aumento de las partidas presupuestarias». Y agregó: «Demoran el aumento que, además, es arbitrario porque no hay Ley de Presupuesto y en las negociaciones paritarias, la oferta del gobierno está muy por debajo de la inflación».
Monza también refutó la idea que intenta imponer el gobierno de que «el ajuste venía de antes». En pesos de 2024 -es decir, descontada la inflación- el presupuesto universitario creció un 10%.
La excusa de la auditoría
Además de la mentira con el aumento del presupuesto, el gobierno tiene otra muletilla: la auditoría. Con esa justificación detuvo la entrega de alimentos a los comedores populares, el pago de beneficios sociales a población vulnerable y la entrega de medicamentos a paciente oncológicos, entre otras barbaridades. Ahora, pretende que la reducción del presupuesto universitario se explica por una auditoría, según planteó el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El problema de Álvarez es que ya no es creíble: demuestra que cuatro meses después de asumir, el gobierno no tiene idea de dónde está parado. «
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