La nueva muerte de un niño wichi confirma la gravedad de la situación en el norte salteño

Los peores pronósticos que el Ministerio de Desarrollo Social tenía hace dos semanas para la situación social del norte de Salta se confirmaron este viernes con la nueva muerte de un bebé wichi de ocho meses. Se trata del quinto deceso infantil en lo que va del año, y el cuarto que se sucede en dos semanas, luego de la visita de urgencia que realizó el titular de la cartera a nivel nacional, Daniel Arroyo, a pedido del flamante mandatario provincial, Gustavo Sáenz, que solicitó auxilio al gobierno federal tras la sucesión de tres muertes en cinco días por cuadros de deshidratación y desnutrición, en medio de una prolongada sequía.

El bebé falleció en el hospital Juan Domingo Perón de la localidad de Tartagal, por un cuadro de «sepsis y neumonía bilateral», según explicó la cartera sanitaria de la provincia de Salta, que empeñó sus esfuerzos en responsabilizar a los padres, miembros de una comunidad wichi que habita en la localidad de Las Vertientes, del municipio de Santa Victoria Este. Está ubicado a pocos kilómetros de la frontera argentina con Bolivia y Paraguay, delineada por el río Pilcomayo. Es el mismo distrito donde ya fallecieron tres niños wichi y, de acuerdo a las proyecciones climáticas oficiales, dentro de dos o tres semanas enfrentará otro flagelo: la crecida de ese curso de agua, que anegará las poblaciones, sus vías de comunicación y dificultará aun más la logística.

A pesar del escenario desolador que azota a la zona, la administración de Sáenz buscó puntualizar que el pequeño «se encontraba bajo cobertura y control de visita de agentes sanitarios» y contaba con «un estado nutricional normal», pero «contrajo una infección respiratoria». Según sostuvo la provincia, el primer médico que atendió al bebé pidió trasladarlo al hospital, pero «no fue aceptado por sus cuidadores». «Ante la negativa de los padres de llevar al niño al hospital y debido a que habían transcurrido días se solicitó la intervención con la familia para que el menor llegue a ser atendido en un establecimiento de salud. Una vez que el niño fue atendido en el nosocomio de Santa Victoria Este advirtió sobre la gravedad del cuadro respiratorio y recién entonces accedieron al traslado al hospital de Tartagal», explicó el gobierno salteño en un comunicado que luego sacó de su página web oficial. Lo llamativo del operativo de prensa salteño es que no mencionan que los padres del bebé ni siquiera contaban con documentos de identidad y tampoco hace alusión al estado social crítico de toda la población de la zona.

En rigor, los agentes sanitarios que garantizaron la atención primaria del bebé son parte del dispositivo de emergencia que está funcionando desde hace dos semanas para mitigar el escenario crítico que azota a la zona. Todo el norte de Salta, desde los alrededores de Tartagal hasta Santa Victoria Este, está sumido en una profunda crisis económica y social desde hace décadas y especialmente desde la privatización de YPF en 1992. Durante los últimos ocho años se han registrado al menos diez muertes de niños wichi por las mismas razones.

Este verano, la situación empeoró aun más por las altas temperaturas y las dificultades de acceso al agua potable. Tan difícil es el acceso al líquido elemento en esa zona, que las poblaciones rurales e indígenas afrontaron  esa falta con el consumo de agua contaminada, una falencia sanitaria que fragilizó incluso más a toda la población más humilde y a sus niños.

Ante las consultas de este diario, en Desarrollo Social puntualizaron que esta semana el Ejército, junto al ministerio de Defensa, ya instaló una planta potabilizadora en Santa Victoria Este, que les permite proveer de agua limpia a 18 puntos de toda la zona, con mil litros diarios para cada población. El despliegue es parte de una intervención donde participan distintas áreas de los gobiernos nacional y provincial.

En los próximos días, Desarrollo Social enviará otra misión de funcionarios para trabajar «a mediano y largo plazo en la zona», luego de haber dejado un equipo allí tras la recorrida que hizo Arroyo junto a Sáenz hace 15 días, cuando acordaron aplicar un operativo de urgencia para evitar que el escenario sea más crítico cuando las aguas del río Pilcomayo transformen la sequía y la falta de agua en un lodazal.  El curso de agua es monitoreado por un equipo del Ministerio de Obras Públicas y del gobierno provincial, pero en ambas administraciones dan por descontado que el desborde será de grandes dimensiones. «

Reclamo por la Defensoría de la Niñez

Organizaciones que integran la coalición Infancia en Deuda le pidieron al presidente Alberto Fernández que incluya la designación de la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes y de sus defensores adjuntos entre los temas a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso nacional, para que el Senado cumpla con la ley y avance en su ratificación.

Tras la realización de un concurso público de antecedentes y oposición, el 25 de abril de 2019 la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso –por unanimidad– elevó para su aprobación las siguientes designaciones: a Marisa Graham para ocupar el cargo de defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, y a Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.

La Cámara de Diputados confirmó las designaciones en el recinto el 26 de junio de 2019, pero está pendiente el tratamiento y aprobación por parte del Senado para que la Defensoría pueda iniciar su funcionamiento con una demora de 15 años desde su creación, por la Ley 26.061, en 2005.

Infancia en Deuda   envió una nota al titular del Poder Ejecutivo Nacional y a su jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en la que advierte sobre la «necesidad ineludible de contar con una defensora que exija y controle las políticas públicas destinadas a la infancia, y asegure el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad», ante la gravedad de la crisis económica y social.