Se posterga la definición de quién irá al balotaje y en el Congreso le presentaron una moción de censura al mandatario porque se negó a comprar aviones de guerra.
La falta de definición sobre los resultados replica el agónico escrutinio de la segunda vuelta de 2021, en que la justicia electoral demoró más de 40 días en confirmar el triunfo de Pedro Castillo. En esta oportunidad, y con el 95% de las actas escrutadas, el izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aventajaba con el 12% al candidato de extrema derecha, Rodolfo López Aliaga, de Renovación Popular, que sumaba hasta ahora el 11,9 por ciento. Se tratan de apenas 20 mil votos. Las irregularidades presentadas en las mesas de votación, producto en parte por el récord histórico de 35 candidatos presidenciales y una gran cantidad de aspirantes a legisladores por la reinstauración del Senado, motivó denuncias contra funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre ellos el el jefe, Piero Corvetto, quien renunció esta semana bajo las presiones y denuncias de “fraude”. Su renuncia fue inmediatamente aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Fiscalía General ordenó este viernes un allanamiento en el domicilio del extitular, con la intención de encontrar material que explique por qué 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaron no haber podido ejercer su derecho al voto por falta de material electoral. López Aliaga, principal impulsor de la causa contra Corvetto, propuso que se realizaran elecciones complementarias para definir el segundo lugar, algo que fue bien recibido por Fujimori, primera cómoda con el 17%, aunque el Jurado Nacional Electoral acaba de decidir unánimemente que esta opción es “inviable”.
Para aportar transparencia al proceso, la misión de Observación) de la OEA desplegó en Perú una decena de observadores para «dar seguimiento» a los siguientes pasos. Los especialistas fueron destinados a los departamentos de Lima, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Piura y Junín para velar por el correcto cumplimiento del «repliegue del material electoral”. Sánchez, en tanto, pasó toda la semana instando a los suyos a «defender el voto ciudadano» en varias movilizaciones, una de ellas este domingo, a la espera de que se confirme su paso a la segunda ronda del 7 de junio. Bajo el lema «del Perú profundo a la capital», Sánchez estuvo participando de varios encuentros en Cajamarca y Huancavelica, llegando incluso a caballo y portando un gran sombrero, imagen que recordó a Castillo ensu campaña. En Bambamarca, Sánchez fue acompañado por la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes -electa diputada- y José, hermano del expresidente, que ya venía respaldando al candidato de JxP, quien prometió indultar a Castillo.
Mientras se aguarda la definición y el comienzo de la campaña electoral, el gobierno de Perú vuelve a ponerse al borde de una crisis institucional. El presidente interino frenó una operación millonaria para comprar aviones F-16 a EE UU, un contrato de adquisición de naves de guerra que tienen más de 40 años de servicio, acordado previamente, que Balcázar prefirió dejar en manos del próximo mandatario. La decisión motivó la renuncia de los ministros de Defensa y Exteriores y el reemplazo del primer ministro. Sin embargo, el nuevo funcionario se manifestó a favor de la operación por la que ya se habría girado un anticipo de U$S 462 millones.
La bancada derechista de Acción Popular en el Congreso anunció que presentará una moción de censura contra el presidente por haber » puesto gravemente en riesgo la seguridad nacional», para lo cual comenzó la junta de firmas exigidas. Sin embargo, la propia Fujimori desestimó que se avance en esa dirección. «Una moción de censura alimentaría más la inestabilidad», dijo.
La moraleja es que los gobiernos progresistas cumplen con las deudas de los Estados que manejan, aunque no hayan sido ellos quienes las contrajeron. Y que las derechas, más allá de sus diferenciaciones, son los que endeudan a esos países, los atiborran de préstamos impagables y acrecientan enormemente las obligaciones imposibles de asumir. Pasó tantas veces en la Argentina.
Ahora hay otro ejemplo concreto. El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que su país que pagó la “totalidad de la deuda” que tenía con el FMI por una Línea de Crédito Flexible (LCF) de U$S 5400 millones, solicitada en 2020 por la pandemia de COVID-19. Se contrajo en el gobierno de Iván Duque Márques, quien asumió por el derechoso Centro Democrático de ese país y su ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. «Ellos jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque la gasto en subsidios para los más ricos de Colombia o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas”, concluyó Petro.
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