Elaborado junto a 22 gremios de todo el país, Fatpren dio a conocer la iniciativa busca sostener derechos laborales ante el intento de derogación del Gobierno. Las actualizaciones urgentes que propone, los primeros apoyos y el desafío abierto hasta fin de año.
“No es una producción individual, sino de los periodistas de todo el país presentado de manera federal”, dijo Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado y titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en la que se dio a conocer el proyecto. En la sala había representantes de prensa de Salta, Río Negro, Corrientes, Tandil, La Rioja, Esquel, Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Chaco y Neuquén.
Las y los oradores coincidieron en las dificultades en las que hoy se hace periodismo en Argentina. Entre los problemas, mencionar situaciones graves en materia de libertad de expresión con restricciones en Casa Rosada o desiertos informativos ante la falta de la Agencia Télam. El deterioro salarial y el multiempleo también fueron otros de los factores relatados en el Congreso. “Derogar un estatuto es un error que no podemos permitir en esta época. Podemos discutir cuestiones para mejorarlo pero siempre defendiendo el espíritu central de defender la libertad de expresión y el derecho a informar”, remarcó Carla Gaudensi, que hoy asumió su segundo mandato al frente de la Fatpren e integrante de SiPreBa.
La reflexión no fue antojadiza: es el punto central de la presentación del proyecto. La reforma laboral impulsada por el gobierno incluyó la derogación del Estatuto creado en 1944. Sin embargo, se logró que mantuviera vigencia hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la que se necesita otra prórroga o la aprobación de nuevo estatuto. En ese sentido, la iniciativa dada a conocer hoy también contempla la irrupción de la Inteligencia Artificial y aborda otras necesidades de actualización, como los derechos de cuidado, la protección frente a la violencia de género, las garantías para el ejercicio del periodismo en contextos represivos y el derecho a un salario mínimo de alcance nacional equivalente, al menos, al valor de la canasta básica medida por el Indec.
“Es un gran logro de ustedes y es una satisfacción. Ratificamos el compromiso de ponernos a disposición y dar nuestro parecer para también brindar nuestra opinión”, sostuvo Eduardo Vischi, senador de Corrientes por la UCR. “Es un proyecto genuino y necesario”, sintetizó Guillermo Andrada, legislador de Catamarca. “El país necesita que trabajen libremente porque la información es fundamental”, apuntó José Mayans, jefe del bloque Justicialista, y adelantó que acompañarán la iniciativa. Del mismo bloque, también estuvieron Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Jorge Capitanich, entre otros.
Los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe también participaron de la comisión para dar cuenta de cómo se hace periodismo hoy en el país. A la vez, también hubo presencia de senadores oficialistas como Mario Cervi (Neuquén) y Enzo Fullone (Río Negro). “Es un prototipo trabajado con los sindicatos de todas las provincias del país para que salga un nuevo Estatuto acorde a los tiempos que corren”, recalcó Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes y de Fatpren.
La expectativa por la presentación del nuevo Estatuto se pudo medir por un dato contundente. La Sala Arturo Illia no sólo quedó desbordada, sino que los trabajadores del Senado tuvieron que improvisar varias filas de sillas en el Salón de las Provincias para poder recibir a las y los participantes que se habían anotado para escuchar la comisión.
“El proyecto queda abierto para que el debate se produzca en el ámbito de la comisión y del recinto”, planteó Moisés, quien también repitió que se trata de un proyecto colectivo e informó que hasta el viernes estará abierto para que las y los senadores puedan sumar su adhesión a la iniciativa. Elaborado por 22 gremios, el texto del proyecto se reparte en cuatro capítulos y 28 artículos con actualizaciones urgentes en base a los desafíos del siglo XXI. Aunque el desafío central será empezar el 2027 con una base normativa que contenga al trabajo periodístico y la libertad de expresión en un contexto marcado por múltiples y constantes ataques.
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