En un informe de un comité, le pide al Estado nacional que derogue el decreto de Macri que sirve para expulsar inmigrantes. Además, pone el foco en el acoso policial que sufren los trabajadores informales, como manteros.
El informe indicó que hasta “tanto no sea derogado, se suspenda su aplicación” y pidió al Estado que retome “de manera decidida la aplicación de la Ley de Migraciones (25.871) y desarrolle toda la normativa necesaria para su implementación y cumplimiento en todos los niveles de gobierno”.
El Comité manifestó “su profunda preocupación por los aspectos discriminatorios y regresivos en materia de derechos del DNU 70/2017, en particular, en lo que respecta a las garantías del debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad de trato y la libertad de circulación”.
Entre las recomendaciones principales que el organismo de la ONU hizo al Estado argentino señaló: “Que facilite la labor de la DGN para llevar a cabo eficazmente la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares con arreglo a la Convención. En particular en lo que respecta a la tramitación de las denuncias de los trabajadores migratorios y asistirlos oportunamente en los procesos administrativos migratorios”.
“Que otorgue, sin excepción, defensores independientes a los hijos de trabajadores migrantes cuando sus padres o tutores están en un proceso administrativo y/o judicial, que se encarguen de velar por sus derechos en todas las instancias del proceso”.
Por otra parte el Comité, expresó su preocupación porque grupos de trabajadores migrantes, incluidos los vendedores ambulantes («manteros»), las mujeres que ejercen la prostitución y los trabajadores migrantes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son objetos de violencia y acoso por parte de la policía.
Además mostró su preocupación por la aplicación de medidas punitivas a los migrantes que trabajan como vendedores informales y la falta de opciones para su regularización migratoria, siendo -además- víctimas de abuso de las autoridades por no contar con documentos migratorios.
Por ello, recomendaron que el Estado “redoble sus esfuerzos para prevenir la violencia contra los grupos vulnerables de migrantes, los proteja contra los delitos e investigue, enjuicie y sancione a los autores, incluidos cualquier cómplice en nombre de los funcionarios del Estado”.
Por último, instó al Estado argentino a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes, en particular, lo referido a la atención médica, educación y seguridad social.
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