En otro duro documento, el comité contra la Desaparición Forzada también pide que esa fuerza no sea parte de la búsqueda. Y apunta contra Bullrich por haber filtrado información a los medios antes que a Otranto, el ex juez de la causa.
El documento está firmado por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la ONU. Allí dice que a más de dos meses de la desaparición la información disponible refleja una falta de avances en la las investigaciones en curso.
Además, apunta contra el Ministerio de Seguridad nacional, que comanda Patricia Bullrich porque estaría trabajando sobre la base de informes elaborados por la misma Gendarmería y también por rechazar rápidamente la hipótesis que apunta contra esa fuerza y la tipificación de desaparición forzada. Esta semana el jefe de Gabinete Marcos Peña se presentó en el Congreso y defendió el accionar de Gendarmería: Estamos orgullosos de ellos. La ONU parece no compartir esa valoración. Ya el pasado martes 3 había urgido al gobierno a esclarecer el caso a través del representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre la presentación de Bullrich en el Senado nacional el 16 de agosto pasado, donde la ministra expresó dudas sobre la presencia de Maldonado en la Pu Lof durante la represión del 1 de agosto: El comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio. El organismo de la ONU expresó su alarma porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas en forma pública antes de que se haya realizado una investigación exhaustiva e integral de los hechos, y en particular, del proceder de la Gendarmería.
El comité señala la gravedad de que la ministra Patricia Bullrich haya filtrado información a los medios antes que a Guido Otranto, el exjuez del caso. Se manifiesta la preocupación por la por la acumulación de hechos, declaraciones y circunstancias que ponen en entredicho la independencia e imparcialidad de los procesos de búsqueda e investigación, y no permiten que dichos procesos se desarrollen de forma legítima y eficaz», asegura el documento.
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