La oposición acusa a Lenín Moreno de haber lanzado una caza de brujas

Virgilo Hernández es uno de los principales líderes del movimiento Revolución Ciudadana, en Ecuador, estrecho colaborador del expresidente Rafael Correa y uno de los acusados por «rebelión» tras el estallido social derivado del plan de ajuste anunciado y parcialmente revertido por el presidente Lenín Moreno tras diez días de protestas. Sobre Hernández pesa una orden de detención, razón por la cual se refugió en la clandestinidad mientras diseña su estrategia para revocarla, aunque rechaza considerarse un clandestino. «Es increíble que en la segunda década del siglo XXI tengamos que hablar en esos términos», dice en conversación telefónica con Tiempo desde algún lugar del Ecuador que se desconoce –y se reserva– desde el lunes. «Yo quisiera decir que soy una persona que espera que se apliquen los mecanismos de la Constitución, del código integral penal, para poder defenderme en el país y demostrar que todo de lo que se me acusa es un montaje jurídico», afirma Hernández.

La Justicia parece haber actuado a medida de las declaraciones del propio Moreno, quien días antes había señalado en cadena nacional a Hernández y otros dirigentes correístas, incluido el mismo Correa, como agitadores al servicio de la desestabilización de su gobierno. A comienzos de esta semana llegaron los pedidos de prisión preventiva. La prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, electa recientemente en los comicios regionales, fue detenida por el mismo cargo y está alojada en la cárcel de Cotopaxi. También detuvieron a dos de sus colaboradores. Ante este panorama y luego de días de acoso policial y de inteligencia, la asambleísta Gabriela Rivadeneira pidió asilo en la embajada de México en Quito, y al cierre de esta edición se encontraba allí junto con otros legisladores y sus parejas.

Sobre el cargo que se le atribuye, Hernández, que es abogado, asegura que «si uno mira el Código Penal, no se cumplen los requisitos ni las condiciones para poder hablar de rebelión. El delito de rebelión es cuando se propone, o a través de la acción colectiva se busca acabar con el estado de derecho o las normas de la Constitución, pero en nuestro caso jamás lo planteamos. Lo que hicimos fue proponer una norma constitucional como la ‘muerte cruzada’, como una posibilidad de salir de la crisis ya que está prevista justamente para dar una alternativa en momentos de conmoción política, en los artículos 130 y 148. Por lo tanto, no pueden justificar que queríamos acabar con la Constitución cuando se invocaban sus artículos. Pueden no estar de acuerdo con nuestro planteamiento, pero jamás pueden señalar que era fundamento para un proceso desestabilizador», dice Hernández, que fue constituyente en la reforma de la carta magna promovida por Correa en 2008.

Es posible que esta semana Hernández presente la revocatoria de la prisión preventiva, planteada con «fines investigativos», aunque no es muy optimista sobre el resultado. «Tengo poca esperanza de que se me conceda, las normas del debido proceso con nosotros se violan sistemáticamente», dice. Tras el allanamiento realizado en su domicilio la fiscalía difundió imágenes de elementos incautados a «investigar». Celulares viejos (uno visiblemente destruido) anotadores y tarjetas de crédito y un CD rom, supuestos artificios de la «rebelión» que le imputan.

En la embajada de México también se encuentran asilados los diputados Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri, y sus cónyuges, así como el procurador síndico de Pichincha y el esposo de Rivadeneira. Esta protección coincide con el asilo que otorgó México a Ricardo Patiño en mayo pasado, cuando fue acusado por «instigación pública» por haber dicho en un local partidario que había que «resistir en las calles» las políticas de ajuste de Moreno. Sumado al ex vicepresidente Jorge Glas, preso y condenado, según la defensa «sin pruebas», por supuestas coimas y las dos causas que se le siguen a Correa, quien no puede pisar Ecuador sin riesgo de ser detenido, la mayoría de los dirigentes del correísmo se encuentran presos o exiliados. Un tema que deberán revisar las misiones de DD HH de la ONU y de la Corte Interamericana que visitarán el país hoy y el próximo fin de semana, respectivamente.

«Nosotros hemos vivido en estos dos años y medio un proceso de lawfare que para mí es mucho más profundo que en Brasil y Argentina, en ninguno de esos países se hizo una enmienda constitucional para dejar afuera a un candidato, como a Correa», señala Hernández. «Tenemos persecución por la vía judicial, la vía administrativa y bloqueo político, ya que se nos impidió formar nuestro propio movimiento y tuvimos que aliarnos a otro», dice en referencia al frente Compromiso Social, con el que se presentaron en las pasadas elecciones. «