La orden «no es una recomendación, es una resolución»

Y anunció que el lunes presentará una nota en Cancillería para que el Poder Ejecutivo responda de qué manera y cuándo dará cumplimiento a la resolución. El Gobierno Nacional salió a bajarle el tono al cachetazo político internacional.

“El estado nacional debe cumplir con lo dispuesto por el órgano de Naciones Unidas de modo urgente. Es una excelente noticia y además de reafirmar que Milagro es una presa política de este gobierno, demuestra la fuerza y la potencia de la lucha popular y las acciones colectivas justas”, opinó apenas se conoció la resolución la integrante del equipo de abogados de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta.

La Decisión de la ONU tiene 20 páginas lleva fecha del jueves y fue anunciada a través de un comunicado conjunto del CELS, Amnesty y ANDHES, los tres organismos que iniciaron la demanda internacional en febrero. Allí los organismos detallaron que el Estado Argentino tiene “la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo”.

En la conferencia el Presidente del CELS señaló que el Estado no se puede negar a dar cumplimiento a la resolución “salvo que el gobierno decida salirse de la legalidad internacional”, dijo. Y aseguró: “No me parece que las condiciones estén dadas en este momento en el que funcionarios nacionales están viajando permanentemente por el mundo pidiendo inversiones”.

Verbitsky calificó como “muy importante” a la resolución: «Desde enero todos los argentinos estamos en libertad condicional, desde el momento en que es posible privar de la libertad una persona de forma arbitraria, sin pruebas y aun teniendo fueros parlamentarios”, dijo. Y remarcó: “Ahora el estado deberá cumplir”.

Para llegar al pedido de libertad inmediata de Milagro Sala, el Grupo de Trabajo de la ONU analizó las presentaciones del CELS, ANDHES y Amnesty y las respuestas del Estado Argentino. Y la decisión favorable a la dirigente social se convirtió en un nuevo traspié para Cambiemos, que finaliza una semana en la que sufrió duros golpes políticos.

Donde generó mayor malestar y preocupación fue en la Cancillería argentina, cuya titular, Susana Malcorra, había apostado fuertemente a quedarse con la secretaría general del organismo internacional pero quedó fuera de carrera en agosto, cuando votaron en su contra la mitad de los 15 representantes del Consejo de Seguridad.

Precisamente, la situación de presa política del gobierno de Macri fue una de las quejas que el Comité por la libertad de Milagro Sala envió a la ONU cuando se definía esa elección.

El Ejecutivo Nacional eligió al Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para que salga a bajarle el precio de la resolución: “Es una opinión, no reviste carácter vinculante”, dijo. El gobierno de Gerardo Morales habría opinado en igual sentido, según publicó La Nación.

En respuesta, Verbitsky fue taxativo: “No es una recomendación, es una resolución”, dijo. Y completó: “El Grupo de Trabajo solicita al Estado Argentino la inmediata libertad y además solicita que se investiguen las violaciones a los derechos humanos. El contador Morales puede decir lo que quiera, pero la responsabilidad no es de la provincia de Jujuy sino del Estado Argentino”.

La resolución del organismo internacional es lapidaria con el Estado Argentino. Señala que la detención de Sala fue arbitraria porque fue “como resultado de del ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, así como 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que establecen los derechos a la opinión, a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

En el escrito reconstruyeron la detención de la líder de la organización Tupac Amaru y recordaron que fue acusada de instigación, tumulto, entorpecer la circulación y sedición por el acampe que realizaban en la plaza Manuel Belgrano de Jujuy. Esa detención desató una seguidilla de causas relacionadas con supuesta malversación de fondos y enriquecimiento, todo vinculado con la construcción de viviendas sociales, principal actividad de las cooperativas vinculadas a la organización barrial y la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy.

También tuvieron en cuenta la opinión de la Procuraduría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal (Procuvin) que en su dictamen sostuvo que la detención de Sala “constituye una ilegítima e ilegal privación de la libertad de una parlamentaria del Parlasur”.

Al conocerse el fallo, el bloque de Diputados del FPV emitió un comunicado en el que festejó la resolución y exigió la liberación inmediata de Sala.

En la conferencia de prensa, Mara Brawer, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, ratificó lo que ese espacio viene diciendo desde su conformación: “Milagro y los otros 11 compañeros detenidos de la Tupac son presos políticos y no nos vamos a detener hasta que se les otorgue la libertad».

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