La población carcelaria creció un 12% en un año

Según datos oficiales, en la Argentina hay 85.283 personas presas. Si incluimos a los recluidos en comisarías (sin contar con información de Corrientes y San Luis) la cifra asciende a los 92.000, es decir, registra un aumento del 12% en relación al año anterior. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) expresó su preocupación “ante el notable incremento del encarcelamiento” y define de “acuciante” el panorama en materia de cárceles.

De acuerdo con el Informe Anual 2017 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) producido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2017 había 9022 detenidos y detenidas más que en 2016.

Durante la última década (2007 – 2016) la tasa de encarcelamiento mantuvo un incremento constante año tras año, con una media de crecimiento del 3% anual. Esto significa que cada año se encarcelaba, en promedio, un 3% más que el período previo. Sin embargo, en 2017 se produjo un aumento abrupto en la tendencia. En tan solo un año el uso de la prisión creció un 11% en relación al anterior, llegando a las 194 personas presas cada 100.000 habitantes. Si se suma a quienes están encerrados en comisarías, el número supera las 209 personas. Para la PPN, “esta variación indica una significativa intensificación punitiva en un breve lapso de tiempo”.

“La información publicada –continua el organismo– nos lleva a problematizar las declaraciones oficiales que celebran esta modificación de tendencia en la situación legal de las personas presas en Argentina”.

El análisis de la estadística también demuestra que aumentó la cantidad de personas presas tanto en carácter preventivo como condenado. En ese sentido, hay 1941 presos preventivos más que en el año anterior y 7.032 condenados más en comparación con el mismo período.

En otro orden, la PPN alerta que “el actual porcentaje de presos procesados continúa evidenciando el deficiente funcionamiento del sistema penal” y que “Argentina presenta cifras muy elevadas en comparación con EEUU o el promedio de países europeos, en donde los detenidos preventivos son el 20% de los presos”.

A nivel regional, también se distancia de otros países como Brasil, Colombia o Chile que poseen alrededor de un tercio su población reclusa sin condena.

“Tienen que despenalizar los delitos de drogas y poner el foco en otros que resultan más graves”

La semana pasada, durante una conferencia de prensa organizada por la PPN en la Fundación Friedrich Ebert, Coletta Youngers y Andrea James, dos expertas internacionales dedicadas al análisis del encarcelamiento femenino por delitos de drogas, charlaron sobre la situación en toda la región.

“Tienen que despenalizar los delitos de drogas y poner el foco en otros que resultan más graves. La solución a esta problemática no está en el encarcelamiento de las mujeres que consumen o comercializan estupefacientes: sino en programas estatales que les brinden un combo de oportunidades para poder realizar sus vidas”, aseguró Youngers y agregó: “Ellas necesitan estudiar, trabajar y tener una vivienda digna. Metiendo presas a las mujeres con adicciones o delitos relacionados a esto no repara nada, porque en los penales también hay drogas, por lo cual siguen inmersas en ese mundo. Para que algo mejore es necesario que separen estos casos del derecho penal y sean tratados como un problema de salud pública”.  

Por su parte, James opinó que “las mujeres cautivas en los sistemas penitenciarios tienen muchas ideas buenas para cambiar sus vidas, lo que necesitan es que los Estados les brinden la posibilidad de poder concretarlas, para eso hace falta implementar dispositivos”.

“Lo real –concluyó– es que estamos muy lejos de nuestro objetivo, porque no hay una voluntad manifiesta para que suceda. Pero no bajaremos los brazos y seguiremos luchando para generar un cambio”.