El operativo fue ordenado por el Supremo Tribunal Federal, que ya condenó a las primeras 12 personas por participar de los actos llevados a cabo por seguidores de Bolsonaro que reclamaban la intervención del Ejército para desconocer las elecciones que Lula había ganado.
El operativo fue ordenado por el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, que ya condenó a las primeras 12 personas a penas de entre 12 y 17 años de prisión por participar de los actos llevados a cabo por seguidores de Bolsonaro que reclamaban la intervención del Ejército para desconocer las elecciones que Lula había ganado en octubre del año pasado.
Según informó la Policía Federal, cinco pedidos de captura y 12 allanamientos se están realizando en varios puntos del país en el marco de la Operación Lesa Patria, que ya está en su fase 19.
Uno de los objetivos en uno de los allanamientos es Leonardo Rodrigues de Jesús, quien tiene el sobrenombre de Leo Indio, primo de los hijos del expresidente Bolsonaro.
Leo Indio es sobrino de Rogéria Nantes Braga, primera esposa de Bolsonaro y madre de los hijos mayores del expresidente, el senador Flávio, el concejal Carlos y el diputado federal Eduardo.
El activista ultraderechista intentó ser candidato a diputado en las elecciones pasadas y el 8 de enero publicó fotografías desde el lugar de los hechos del asalto perpetrado por bolsonaristas al Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Según la causa judicial, Leo Indio es uno de los investigados en la causa abierta por el Ministerio Público para investigar la organización y financiación de las manifestaciones del Día de la Independencia del 7 de septiembre de 2022 y los ataques al Tribunal Supremo Federal.
A pedido de la fiscalía, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes también ordenó a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube bloquear sus cuentas y las claves bancarias de los investigados por financiar las manifestaciones golpistas.
Leo Indio está acusado de recaudar dinero para mantener los campamentos golpistas que se instalaron en la puerta de los cuarteles de todo el país, en especial en Brasilia, para reclamar un golpe militar.
Más de 1300 personas están procesadas por el Supremo Tribunal Federal a la espera de una sentencia por haber participado de los actos contra Lula.
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