La policía de Cambiemos, con las manos libres: una muerte cada 21 horas

“Estaba desarmado, indefenso y lo mato la policía por ‘obstaculizar el tránsito’”, describió la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, lo que prueban las imágenes de una cámara de seguridad. Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató de una patada a Jorge Gómez, de 41 años. “No es un hecho aislado, es falta de control político. No me extrañaría que salgan a justificarlo desde el gobierno”, agregó Montenegro.

Si bien el informe policial sostiene que Gómez, que no estaba en sus cabales, tenía un arma blanca, y que le dieron la voz de lato varias veces, las imágenes no dejan lugar a dudas: el hombre estaba rodeado por varios uniformados y podría haber sido reducido sin recurrir a semejante grado de violencia, que al cabo le produjo la muerte. La autopsia dirá si el infarto se debió a la patada al plexo del policía motorizado o al golpe de la cabeza contra el asfalto que sufrió al caer hacia atrás.

Efectivamente, no es un hecho aislado. Según el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que detalla las muertes ocurridas a manos de las fuerzas de seguridad en la Argentina durante 2018, cada 21 horas una persona es asesinada por el Estado. Y la instalación de la llamada “doctrina Chocobar”, a partir del fuerte respaldo del gobierno al policía que mató a un ladrón por la espalda, no ha hecho sino recrudecer este tipo de violencia por parte de los uniformados.

El documento de Correpi señala “un imponente salto represivo del gobierno (de Cambiemos) que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983”. Desde el 10 de diciembre de 2015, día de la asunción de Mauricio Macri, hasta el 12 de febrero de 2019, la entidad contabilizó 1303 muertes a manos del aparato represivo estatal. En sólo tres años, se acumuló el 20% de los casos fatales de represión policial desde el regreso de la democracia.

Respecto de la Policía de la Ciudad, la fuerza que, con el antecedente de la Metropolitana, ya lleva más de una década gestionada por gobiernos del PRO, en 26 meses había matado a 43 ciudadanos.

El gatillo fácil de los policías porteños se enfrenta por estos días a la resolución judicial de un caso testigo: el de Lucas Cabello, el joven que quedó hemipléjico luego de ser baleado por un agente de la Metropolitana, Ricardo Luis Gabriel Ayala, en noviembre de 2015, en el pasillo de un hotel familiar en La Boca.

Acusado de homicidio agravado por el abuso de la función de miembro integrante de una fuerza policial, en grado de tentativa, Ayala llega libre al juicio, excarcelado bajo fianza. Una mirada torva y una breve discusión bastaron para que el policía descerrajara tres triso contra Lucas, uno en la cara y otros dos cuando ya estaba en el piso.

Como ocurre habitualmente y volvió a ocurrir en el caso de Jorge Gómez, en su primera declaración Ayala aseguró que Cabello estaba armado. Pero era mentira. El uniformado fue el único que disparó.