La Procuración Penitenciaria de la Nación y el Colegio Público de la Abogacía firmaron un convenio

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal firmaron este lunes un convenio marco de colaboración institucional. La rúbrica del acuerdo se realizó entre el procurador penitenciario adjunto interino Ariel Cejas Meliare y el presidente Ricardo Gil Lavedra. Lo hicieron con el objetivo de garantizar que se produzca un intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas entidades.

El procurador penitenciario adjunto interino en diálogo con Tiempo explicó que “la firma de este convenio se enmarca en una política institucional que busca fortalecer los vínculos de la PPN con otros organismos. Lo hacemos con el objetivo de profundizar en el trabajo que venimos haciendo en la defensa de los Derechos Humanos y en este caso decidimos que sea con el Colegio Público de la Abogacía”.

Intercambio institucional

También detalló que se trata de un acuerdo que tendrá una duración de dos años: “Estableciendo un marco de referencia para que ambas instituciones -Procuración y Colegio- trabajen de manera conjunta, tanto en la instrucción como en el perfeccionamiento de la capacidad y conocimientos de sus profesionales”. El intercambio del acervo de conocimiento de las entidades “se realizará a través del desarrollo de distintas actividades donde compartiremos las distintas experiencias que nos deja el trabajo que hacemos hace décadas”, explicó Cejas Meliare.

En este sentido, cabe destacar que la PPN realiza monitoreos hace muchísimos años en forma constante en todas las cárceles federales, alcaidías y comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada vez que realizan recorridas en los distintos establecimientos verifican las condiciones de detención y recogen las voces de las personas allí cautivas, quienes generalmente se encuentran con sus derechos vulnerados.

Aporte del Colegio Público de la Abogacía

Siguió relatando que “nosotros haremos un aporte como organismo encargado de defender y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, por su parte, el Colegio Público de la Abogacía lo hará como institución que contribuye al mejoramiento de la administración de justicia”, remarcó el procurador penitenciario adjunto.

Además, el Colegio es un ente que “vela continuamente por las incumbencias de la profesión de los abogados y también comparten un espíritu de colaboración, diálogo y defensa de los Derechos Humanos con nosotros”, aseguró Cejas Meliare.

Este organismo nacional de control también investiga el impacto del encarcelamiento en las infancias que tienen a sus madres detenidas y la prisionización masiva de estas mujeres; que en su gran mayoría están detenidas por drogas.

Durante los últimos años han consolidado “un serio compromiso con el trabajo específico sobre los grupos que presentan un especial grado de vulnerabilidad, es decir, que se encuentran más invisibilizados que el resto de las demás personas presas y que nosotros llamamos colectivos sobrevulnerados”, explicó Cejas Meliare.

Un trabajo sostenido en el tiempo

En más de tres décadas de trabajo ininterrumpido la PPN profundizó el trabajo con equipos temáticos específicos que abordan la problemática de las mujeres y el colectivo LGBT, los niños y jóvenes, los extranjeros y las personas con discapacidad en contexto de encierro.

Los distintos equipos temáticos abordan las diferentes problemáticas de estos colectivos de personas en el encierro punitivo. Lo hacen contemplando la diversidad y multiplicidad de identidades existentes,” así procuramos la búsqueda de nuevas estrategias particulares para intervenir en las situaciones de estas personas desde una perspectiva de los Derechos Humanos y respetuosa”, finalizó el procurador penitenciario adjunto interino.