La detención del falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión y espionaje ilegal ofrece una inquietante trama de vínculos con periodistas, funcionarios del Gobierno, agentes de la AFI y con funcionarios judiciales, entre ellos, el fiscal federal Carlos Stornelli. Desató una serie de interrogantes que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, intenta dilucidar en medio de un pedido de juicio político en su contra, impulsado por el presidente Mauricio Macri. Para la Iniciativa Ciudadana de Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es la demostración de «relaciones indebidas entre el poder judicial, el sistema de inteligencia y sectores políticos y mediaticos» que tienen un hilo conductor: la idea permanente de que «nada puede hacerse, de que el sistema siempre ha funcionado en base a pactos que no pueden romperse».
Para la ICCSI, integrada por cuatro organismos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existe una salida posible que combina la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quitarle y prohibirle las funciones de investigación criminal que tiene el organismo de espionaje dependiente de la Presidencia de la Nación, reorganizar el sistema de escuchas telefónicas que actualmente está en manos de la Corte Suprema, democratizar el alcance del secreto de Estado, un nuevo sistema de control parlamentario sobre todo el aparato de espionaje estatal y un régimen legal que defina cuáles son las actividades de inteligencia prohibidas.
El caso D’Alessio aporta una pieza clave para entender el rompecabezas que está en juego, porque «las ilegalidades cometidas» confirman la existencia de un «escenario marcado por el desgobierno y el descontrol de los órganos de inteligencia y por la proliferación de redes de espionaje ilegal principalmente político», diagnostica el espacio interdisciplinario que comparten el CELS, la Fundación Vía Libre, el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de la UMET y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
Esas redes, sostiene el documento, están «cruzadas por negocios privados y esquemas de recaudación ilegal a partir de extorsiones». Son «financiadas con fondos reservados millonarios, usados para comprar gobernabilidad e influir en medios de comunicación». Es un entramado que habitualmente funciona en las sombras, con funcionamientos formales e informales, «con vínculos con organismos extranjeros» que «funcionan sin control político ni ciudadano».
De Vidal a Montoto La caracterización estructural de la crisis desatada por el caso rodea a buena parte de los protagonistas del escándalo que, a medida que avanza la investigación judicial, suma implicancias que van desde el presunto espionaje a la vida privada de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; una serie de contactos que incluyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a dirigentes de la Coalición Cívica, que encabeza la diputada nacional Elisa Carrió y al empresario armamentista y titular de la Cámara de Comercio Argentino – Israelí, Mario Montoto.
Son sólo una parte de la decena de nombres involucrados. El otro capítulo tiene que ver con la capacidad del falso abogado para saber de antemano los contenidos de fallos clave sobre el futuro judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y un sistema de presiones extorsivas que combinaban a un programa de televisión con una agenda vinculada a Venezuela, un tema de extremo interés para los Estados Unidos, especialmente sobre la petrolera estatal PDVSA.
La «Propuesta 2019» de la ICCSI convoca a especialistas, legisladores, jueces, fiscales y especialistas «a iniciar un cambio normativo, organizativo, y de prácticas» sobre el aparato de inteligencia estatal. Dos días antes de la difusión del documento al que accedió Tiempo, la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI recordó que en 2016, «a poco de iniciar Cambiemos», la diputada nacional y jefa de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que elimina la AFI y crea la «Dirección Nacional de Inteligencia de la República Argentina» y le pasa todas las atribuciones de inteligencia criminal a la cartera de Seguridad. A contrapelo de las recomendaciones del CELS, el texto de Carrió dice que «esta ley investigará los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros», pero «propone una restricción y control de los fondos de la agencia de investigación» y «separa el sistema de inteligencia del sistema de investigación».
A pesar del antecedente, el proyecto resulta una paradoja política para la socia menor de Cambiemos, especialmente por haber reconocido que algunas de sus denuncias estuvieron basadas en material originado en las mismas redes que pretende eliminar.
Investigación criminal policía políticaPara la ICCSI un punto determinante pasa por quitarle las funciones de investigación criminal a la AFI, «porque las falencias del sistema de seguridad y los déficits de las policías en la función de investigación provocaron que cada vez más jueces y fiscales demanden actividades de investigación», al organismo de espionaje estatal que tiene como director al escribano Gustavo Arribas, amigo personal del Presidente, y a la ex legisladora porteña y diputada nacional del PRO Silvia Majdalani, que fue titular de la Comisión Bicameral encargada de controlar los organismos de inteligencia. Los magistrados lo hacen, dice el informe, como si la AFI «fuese una policía más: esto está naturalizado, pero viola la ley vigente».
A eso se suma la decisión del Gobierno de sumar investigaciones sobre narcotráfico para competir con las policías, mientras la «justicia federal normalizó la intervención de la AFI como policía de investigación y mantiene una relación de connivencia mutua, que en algunos casos implica delegarles directamente la investigación penal a los servicios, o usarlos para la extorsión y la producción de información». Como resultado «crece el espionaje político y el mercado ilegal de la información, las pruebas judiciales son endebles, se fabrican causas y se intercambian favores que corrompen y comprometen las investigaciones».
Otro punto del documento apunta a las escuchas telefónicas. No impugna que esté bajo control de la Dirección de Asistencia Judcial en Delitos Complejos y Crimen Organizaco (DAJuDeCO) de la Corte, pero reclama un Marco regulatorio específico para cada uno de los distintos tipos de escuchas». También requiere «un régimen de control de las intervenciones que no esté a cargo de órganos judiciales que deben controlar las actividades de inteligencia, ni tenga contacto con la Corte». Debe «producir información pública detallada y suficiente para la rendición de cuentas» de los organismos de espionaje estatal.
Billetera secreta El documento recuerda que «hacer público el régimen de rendición de los gastos reservados no representa un riesgo» para las actividades legales de inteligencia. El planteo está dirigido al decreto 656/2016 que firmó el presidente Mauricio Macri para que todos los gastos de la AFI vuelvan a ser reservados. La crítica de los especialistas a esa redefinición del secreto de Estado recuerda que «la protección de identidad sólo debería alcanzar a quienes cumplan tareas operativas para los casos que fueran realmente necesarios». «El secretismo -advierte la ICCSI- se convirtió en la regla general de actuación», que permite «un sistema institucional informal» con «amplios márgenes de arbitrariedad».
La propuesta también recuerda que la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia lleva 20 años sin funcionar. «No sólo eso, sino que agravó el descontrol político al funcionar como una instancia de encubrimiento de las ilegalidades», sostiene el paper. La situación revista esa gravedad porque «la potestad del secreto que hoy se extiende a la Comisión Bicameral la ampara de que salgan a la luz sus propias omisiones y complicidades».
El nombre de la Bicameral salió del letargo luego de que citó la semana pasada al juez Ramos Padilla, que antes fue a explicar el caso a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja. La ICCSI sostiene que «se debe pensar en otros mecanismos que rompan los pactos de gobernabilidad de manera transversal», como la figura de relatores «con amplias facultades de supervisión».
