La Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires impulsa una medida para proteger un terreno bajo investigación por crímenes de lesa humanidad.
En su acción judicial, la Subsecretaría solicitó al Ministerio de Defensa información detallada sobre el proceso de venta y requirió al ministro Luis Petri y su equipo que eviten acciones que comprometan la cautelar. Asimismo, se exigió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que se abstenga de avanzar en la venta hasta que se definan los límites de las áreas investigadas en el predio, en especial en el sector conocido como “Destacamento de Comunicaciones Puerta 8”.
Este reclamo se inscribe en la megacausa de Campo de Mayo, en un juicio que se desarrolló entre 2019 y 2022. Durante el proceso, una sobreviviente, Carmela, narró cómo fue secuestrada junto a su hermano y retenida en lo que describió como «un sótano». Años después, se identificó en el predio de Campo de Mayo una edificación con características similares, confirmadas por imágenes aéreas y fotografías históricas. A partir de esta evidencia, se llevó a cabo una inspección en diciembre de 2023 sobre la zona y las estructuras aledañas para obtener pruebas adicionales; sin embargo, según Lorena Battistiol, directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría, “la justicia no ha realizado investigaciones exhaustivas en el lugar”.
Battistiol también se refirió a su labor en la creación del espacio de memoria en Campo de Mayo, un proyecto que se había impulsado durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti, en la secretaría de derechos humanos que se ha visto frenado con la asunción de Javier Milei. Este espacio, cuya construcción comenzó en marzo de 2023, se diseñó para incluir el sitio del centro clandestino “El Campito”, además de los tres aviones utilizados en los vuelos de la muerte, ubicados en el aeródromo de Campo de Mayo.
“La intención era inaugurar el memorial el 24 de marzo de este año, en homenaje a los detenidos-desaparecidos y a la construcción de la memoria colectiva. Sin embargo, con la llegada de la nueva administración, el proyecto quedó paralizado y no hemos podido avanzar», lamentó Battistiol.
Además de frenar la construcción del memorial, el gobierno actual ha manifestado una postura polémica frente a los derechos humanos, con declaraciones que deslegitiman la búsqueda de justicia y visitas a militares acusados de genocidio. A pesar de estos retrocesos, la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa su labor, consciente de la importancia de proteger estos espacios como sitios de memoria y denuncia, en un esfuerzo constante por mantener viva la historia y honrar a las víctimas de la dictadura.
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