La reforma laboral le abrió un nuevo frente con la CGT al Gobierno, que sigue sin poder controlar la interna

La ambiciosa reforma laboral que el gobierno de Javier Milei quiere aprobar durante el periodo de sesiones extraordinarias trajo, hasta ahora, más penas que glorias a la gestión del libertario. Además del contundente rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT) al texto final, la confección del mismo y las negociaciones para lograr su aprobación abrieron un nuevo capítulo de desentendidos dentro de un oficialismo cada vez más ahogado en sus propias internas.

La primera reacción formal del proyecto llegó pasado el mediodía, cuando la CGT, tras pasar varias horas analizando el texto con el bufete de abogados laboralistas que colaboran con la central obrera, dieron cuenta que el gobierno había incumplido gran parte de los pedidos que el representante del sindicalismo, Gerardo Martínez, había acercado a la mesa del ya extinto Consejo de Mayo.

Si bien el Ejecutivo aceptó dar un guiño manteniendo la vigencia de la cuota solidaria, ítem fundamental para la supervivencia de los gremios, en Azopardo leyeron como una jugada a traición la decisión de impulsar la consulta y aprobación de la Secretaría de Trabajo para ser efectivizada. Una burocracia que afecta a la independencia que los gremios mantienen respecto del control estatal.

Con estas y otras modificaciones -como la confirmación del gobierno de querer avanzar contra la Justicia laboral a la que pretende traspasar sus competencias a la Ciudad-, la central sindical decidió convocar para el próximo 18 de diciembre una movilización a Plaza de Mayo. La misma, adelantan desde el triunvirato cegetista, promete ser masiva y será el puntapié inicial de un plan de acción que, como contó este diario en su edición del martes, incluirá paralizaciones en Vaca Muerta, paros aleatorios en diferentes sindicatos y, aunque todavía en evaluación, un paro general.

La confirmación de la movilización no tomó por sorpresa al gobierno y, por el contrario, advierten que era una de las reacciones esperadas. “Que hagan lo que tengan que hacer”, dijeron en Casa Rosada a Tiempo abrazados a la altanería que los rodea gracias a la drástica baja de la imagen positiva que la CGT en particular y los gremios en general tuvieron en los últimos meses.

Reforma laboral: dialoguistas vs dereguladores

Pese a los altercados lógicos entre dos facciones diametralmente opuestas del arco político, lo cierto es que ni el gobierno ni la CGT pretendían tenerse como enemigos. La postura quedó clara cuando el oficialismo convocó a Martínez a formar parte del Consejo de Mayo. Se replicó durante todo el año en las aceitadas conversaciones subterráneas que la central trabajadora mantuvo con Martín y Eduardo “Lule” Menem, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y, hasta su salida, con el entonces jefe de gabinete, Guillermo Francos, todos negociadores bien ponderados por la mesa chica gremial. El diálogo, sin embargo, generó una serie de rispideces dentro del oficialismo.

Mientras que el ala más dialoguista del gobierno entendía como superador el plan de tener contenida a la Confederación, al sector abrazado a la desregulación y los golpes de efecto insistieron en que el mejor movimiento era confrontar. Éste sector, integrado por la flamante presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro Federico Sturzeneger, utilizó todas las herramientas a mano para intentar domesticar al sindicalismo y la oposición toda. 

Esta ambición llevó a que importantes despachos que integran dirigentes del oficialismo acusaran a los ex integrantes de la Alianza de ser los artífices de las numerosas filtraciones de los borradores que desde hace semanas llegan a las aplicaciones de mensajería de cualquiera que apenas pase por la puerta de Balcarce 50. Incluso, como contó en exclusiva este diario, aquellas jugadas llevaron a Milei a suspender las reuniones por sospechar hasta del propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien también colaboró en la redacción del proyecto.

Por la mañana de este jueves, en tanto, luego de que se diera a conocer que Javier Milei firmó el envío del proyecto desde el VIP del aeropuerto tras su fallida visita a Noruega para fotografiarse con María Corina Machado, desde el propio gobierno hicieron circular a la prensa por lo menos tres textos cuyos contenidos varíaban según el remitente. La desprolijidad, que quedó en evidencia en la tardanza de los opositores para reaccionar ante el mismo, coronó más de un mes de entredichos y contradicciones que el propio libertario no pudo controlar. Un vicio cada vez más peligroso para un presidente que hace tiempo perdió el control de las emociones de sus más íntimos colaboradores.

Dejando atrás las conflictividades internas, y con el proyecto ya finalizado, el presidente bendijo a Patricia Bullrich para ser quien lleve las riendas del tratamiento del mismo dentro del Senado. En este sentido, la ex ministra de Seguridad tiene intenciones de ser bendecida como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, silla desde la que podrá negociar con absoluta autoridad con los aliados. Sin embargo, la cámara alta es territorio de los gobernadores y dentro del propio oficialismo dan por descontado que Diego Santilli también deberá meterse en el barro de las discusiones.

El ministro del Interior esta semana mantuvo encuentros clave para asegurarle al gobierno el acompañamiento de las provincias en el Presupuesto 2026. El miércoles, Gustavo Sáez (Salta) visitó al Colorado en su despacho para avanzar en el diálogo por el retorno de la obra pública. Lo propio hicieron por la tarde Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), claves para alcanzar el número mágico que el oficialismo pretende para dar rienda suelta al éxito legislativo durante el verano.

Una vez que se oficializó el envío del texto, varios diputados y referentes de la oposición salieron a manifestar la inconstitucionalidad que implica la presentación de un proyecto de estas características en el Senado. En concreto, los bloques no dialoguistas señalaron que el artículo 52 de la Constitución Nacional sólo acredita que a “la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”. Como el paquete enviado por el Ejecutivo tiene dentro de sus artículos modificaciones en el régimen impositivo y de Ganancias, de cumplirse la ley, el proyecto debería ser ingresado en la cámara baja y no así por el Senado.

El tecnicismo que, en rigor, no hace modificaciones a lo que la rosca parlamentaria significa, sí tendría un impacto fundamental en las aspiraciones políticas de Bullrich. La senadora, que acaba de incorporar al bloque libertario al siempre oficialista Luis Juez, aspira no sólo a sumarse un poroto en su debut legislativo en su nueva era como liberal libertaria, sino también afianzarse como la voz del oficialismo dentro del Congreso, un protagonismo que eventualmente la catapulte a las boletas del 2027 como candidata a vicepresidenta o jefa de gobierno porteño.

Ante la consulta de este diario a diferentes fuentes del oficialismo respecto a este inconveniente, ninguno de los funcionarios consultados propició una respuesta sobre si modificarán o no la cámara de origen para tratar el proyecto.

Pese a todos los contratiempos, dentro del gobierno se muestran confiados. Amparados por el amplio apoyo popular que tuvieron en las urnas el pasado 26 de octubre, entienden que la oposición y los dialoguistas no tendrán mayor márgen de acción, por lo que dan por hecho la aprobación de la gran parte de los proyectos. Respecto al laboral, los más optimistas advierten que el mismo podría obtener media sanción antes de fin de año. Otros, más afines a caminar con los pies sobre la tierra, creen que el éxito llegará, pero a largo plazo.