La represión en Bangladesh ya dejó un saldo de más de un centenar de muertos

Llegando el fin de semana, las víctimas fatales en las protestas en Bangladesh superaron los 100 muertos y la policía prohibió todas las concentraciones públicas, además de que detuvo al principal líder de la oposición al gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina. El clima que se vive en la mitad de los 64 distritos del país asiático es de altísima tensión y violencia, mientras rige un apagón de internet que bloqueó las interacciones y convocatorias a través de redes sociales. Hasta el toque de queda, las calles habían sido tomadas por manifestantes, principalmente estudiantes, que desde principios de julio exigen una reforma de los cupos laborales que ofrece el Estado, que, aseguran, favorece a los aliados del partido gobernante.

El viernes último fue el día más sangriento. Distintos reportes periodísticos registraban alrededor de 105 fallecidos, uno de ellos es un periodista, y se calcula que la cifra aumente tras los informes de enfrentamientos con la policía. Los estudiantes habían vuelto a salir a la calle por la mañana, antes de las manifestaciones a favor del gobierno previstas para después de la oración del mediodía en un país de mayoría musulmana. Las autoridades desplegaron 229 pelotones de la fuerza paramilitar de la Guardia Fronteriza de Bangladesh en todo el país para reprimir.  Días atrás se registraron además violentos cruces con manifestantes y estudiantes aliados con la gobernante Liga Awami de la Primera Ministra que se enfrentaron en las calles con ladrillos y palos de bambú.

En un intento de evitar otro día de violencia, las fuerzas policiales de la capital, Daca, resolvieron prohibir durante el día todas las reuniones “mitines, procesiones y reuniones públicas”, según anunció el jefe de Policía, una medida tomada por primera vez desde que comenzaron las protestas. El mismo viernes, la Policía detuvo a Ruhul Kabir Rizvi Ahmed, secretario conjunto del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), principal fuerza opositora, a quien adjudican «cientos de casos» de agitación.

La Policía de la capital indicó anteriormente que los manifestantes habían incendiado, destrozado y llevado a cabo «actividades destructivas» en numerosas oficinas policiales y gubernamentales. De parte de los manifestantes, aseguran que la mayoría de las muertes fue causada por el accionar policial en el uso desmedido de armas no letales. Amnistía Internacional aseguró también que los videos de los enfrentamientos de esta semana demuestran que las fuerzas antidisturbios utilizaron la fuerza de manera ilegal. Muchos de los heridos, que se cuentan por cientos, presentan disparos de balas de goma, algunos en los ojos.

Por su parte, la Policía informó que «unos 100 efectivos resultaron heridos en los enfrentamientos del jueves», según declaró el portavoz de la Policía Metropolitana de Daca, Faruk Hossaina. «Se quemaron unas 50 cabinas de policía», agregó.

La Policía indicó que los manifestantes habían incendiado, destrozado y organizado «actividades destructivas» en numerosas oficinas policiales y gubernamentales. Uno de ellos fue la sede de la cadena estatal Bangladesh Television, que permanece fuera de servicio después de que el jueves cientos de estudiantes asaltaran las instalaciones e incendiaran un edificio.

Por otro lado, esta semana, el gobierno ordenó el cierre indefinido de escuelas y universidades, donde se concentran muchos de los manifestantes. En tanto permanece activo el corte en el acceso a internet en todo el país, dos días después de que censuraran Facebook, la principal plataforma en la que se organizan las protestas. El viceministro de Telecomunicaciones, Zunaid Ahmed Palak, dijo que el gobierno había ordenado el corte del acceso a internet para evitar “rumores, mentiras y desinformación”.

La ONG Netblocks, con sede en Londres, declaró en la red X que la interrupción “impide que las familias se pongan en contacto entre sí y sofoca los esfuerzos por documentar las violaciones de derechos humanos».

Las protestas casi diarias comenzaron a principios de julio después de que el Tribunal Supremo pidiera al Gobierno que restableciera un sistema de asignación de empleos públicos, un régimen de cuotas que reserva más de la mitad de los puestos de la función pública a grupos específicos, entre ellos a los hijos de los veteranos de la guerra de liberación de 1971 contra Pakistán. Los críticos consideran que beneficia a los hijos de los grupos que apoyan a Sheikh Hasina, de 76 años, que viene gobernando el país desde 2009.

Se trata de las primeras grandes manifestaciones a las que se enfrenta la primera ministra Hasina desde que asumió el cargo por cuarta vez consecutiva en enero pasado, en unas elecciones en que la oposición mayoritaria consideró ilegítima y no participó.