La sensación de seguridad

El primer acto fue la puesta en escena mediática con la instalación de la polémica sobre el “jubilado” que fusiló a un joven que había ingresado a su vivienda junto a otras personas en un intento de robo.

El segundo acto fue el raid mediático de funcionarios o exfuncionarios que militan la “mano dura”, incluido un cruce televisivo en la señal de cable de Todo Noticias entre el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la exministra de Seguridad durante la administración Cambiemos, Patricia Bullrich.

El tercer acto fue el pedido y luego divulgación de encuestas de opinión que consultaban a “la gente” sobre este tema y que trajeron resultados inquietantes: según Rouvier & Asociados, el 42,2% de las personas considera que la llamada “inseguridad” se agravó en el último mes y la consultora Aresco informó que en el área metropolitana de Buenos Aires el 44% asegura que es el problema que más afecta a su vida cotidiana es la “inseguridad”. Llamativamente, la preocupación se ubica por encima de las dificultades económicas y del coronavirus.

El cuarto acto fue la salida a la cancha de las voces “manoduristas” en la coalición oficial -con el inefable Sergio Massa a la cabeza- para agitar que la cuestión de la llamada “inseguridad” no es una sensación, sino un drama real muy presente en la “agenda de la gente”, que debe ser combatida con el método de siempre: el empoderamiento de las fuerzas policiales. El sensible desplazamiento en la narrativa del Gobierno fue acompañado por una declaración del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: “Siempre vincular la inseguridad a cuestiones socioeconómicas tiene un sesgo ideológico. Nosotros tenemos que ser más pragmáticos. El delincuente no es delincuente porque es pobre, sino porque es delincuente. No tiene que ver con la pobreza o con los accesos”, afirmó el ministro.

Es cierto, hay un sesgo en la relación mecánica entre pobreza y delincuencia que es tan ideológico como el desconocimiento del hecho que el agravamiento de la crisis social, la desocupación y la pobreza tiene un vínculo con el aumento de la violencia social. Más aún cuando esa situación deja a la intemperie a millones de personas y entre las más desesperadas no pocas pueden buscar una solución individual a su drama de supervivencia en una sociedad en la que circula un fuerte relato ideológico individualista.

En todo caso, el discurso de referentes del Gobierno y la narrativa mediática conducen a una pregunta: ¿Los dirigentes y los medios agitan un discurso securitario y punitivista porque se lo pide «la gente» o «la gente» aumenta su discurso securitario y punitivista porque lo agitan los dirigentes y los medios?

El fogoneo de este fervor primario siempre termina imponiendo el fortalecimiento de las fuerzas policiales y de seguridad. Esto trae como consecuencia una orientación peligrosa: se busca la solución precisamente donde habita el problema. No pocos estudiosos de la cuestión del delito y su industria consideran que una de las causas del “escaso” desarrollo de las mafias en nuestro país (con excepciones, como las enquistadas en la ciudad de Rosario) se debe a que las policías cumplen las “funciones” que esas organizaciones desarrollan en los márgenes de otras formaciones sociales capitalistas en crisis o en descomposición. La trata de personas, el narcotráfico, los negocios ilegales no podrían operar sin el visto bueno o el concurso de las fuerzas de seguridad. Las cúpulas policiales de varias provincias (Santa Fe, Córdoba) fueron descabezadas en diferentes momentos en los últimos años por estar vinculadas a alguna de estas prácticas ilegales. La industria del “gran delito” está en sus manos y se las empodera para que se encarguen de terminar con el “pequeño delito”.

Además, ese aumento del poder y la legitimidad acrecienta la represión. Tenemos el caso de la desaparición de Facundo Castro y la Policía bonaerense está entre las principales sospechadas. El Observatorio Social Antirrepresivo de La Izquierda Diario reveló que desde el 20 de marzo (comienza de la cuarentena) se registraron, en todo el país, al menos 67 muertes a manos de policías

y fuerzas de “seguridad” (provinciales y federales) y penitenciarias, bajo diferentes modalidades: gatillo fácil, torturas y asesinatos en situaciones represivas y muertes violentas en lugares de encierro. Se trata de una muerte cada 48 horas. De ese número, la mitad (33) son hechos producidos en territorio bonaerense.

En ese contexto, el remedio resulta letal para la enfermedad. La “sensación de inseguridad” puede ser una invención que niegue el agravamiento de la violencia social y la “guerra” de pobres contra pobres en lucha por la supervivencia. Pero, no es menos ficticia la creencia interesada en una solución que provenga de un orientación y un discurso punitivista que intente generar la “sensación de seguridad”.