Comodoro Py recibió la confirmación de que un empleado del Grupo IRSA gestionó la reserva del jefe de Gabinete en el exclusivo resort de Bariloche. El fiscal Pollicita acumula pruebas por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas, mientras el funcionario debe justificar gastos en efectivo y cuevas de criptomonedas que duplican sus ingresos declarados.
El hecho adquiere relevancia institucional debido al rol de Elsztain como principal financista del desembarco libertario en el poder, dueño del Hotel Libertador —búnker donde se redactó el DNU 70/2023— y beneficiario de la desregulación de múltiples sectores económicos donde pisa fuerte, desde los grandes centros comerciales y el agro hasta la minería de oro. Según los registros de la causa que comanda Pollicita junto al juez federal Ariel Lijo, el jefe de Gabinete se retiró del lujoso resort patagónico sin saldar la cuenta de la estadía, limitándose a cancelar en el momento los gastos menores correspondientes a la gastronomía, excursiones familiares y peluquería, los cuales ascendieron a otros 2,4 millones de pesos.
La sospecha de un incremento patrimonial injustificable no se agota en el sur argentino, sino que se nutre de una saga de más de quince viajes que se encuentran bajo auditoría. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectó que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se manejaron sistemáticamente con un patrón de pagos en efectivo con dólares billete para consumos de alto nivel. Entre estas operaciones destacan un viaje familiar a Aruba por más de 14.000 dólares, el financiamiento de escapadas a hoteles all inclusive en Gualeguaychú, giras de su entorno por Madrid y el regreso de su esposa desde Nueva York en primera clase por un valor superior a los 5.000 dólares, cuyo vuelo de ida en el avión presidencial fue el detonante del caso.
A este complejo mapa de traslados se anexa el expediente sobre su reciente escapada a Punta del Este durante el fin de semana de carnaval. La Justicia investiga un posible cruce de favores e incompatibilidad en la función pública debido a que el vuelo privado en el que se trasladó el funcionario, valuado en 9.000 dólares, habría sido costeado por el productor televisivo Marcelo Grandío, amigo personal de Adorni y beneficiario de seis contratos estatales dentro de la estructura de la TV Pública. En ese mismo viaje por Uruguay se constató que el ministro coordinador participó de una exclusiva reunión arancelada en la Trump Tower, cobrando mil dólares por cubierto a empresarios junto a Rolando Rozenblum, un concejal local que busca perfilarse como el referente del modelo libertario en el país vecino.
El frente patrimonial terrestre y digital del vocero del ajuste estatal también exhibe inconsistencias severas que dificultan su justificación mediante el sueldo público, el cual pasó recientemente de 3 a 7 millones de pesos. El peritaje contable preliminar señala que Adorni ejecutó erogaciones en efectivo por un piso de 400.000 dólares, cifra que podría duplicarse al computar las deudas y compromisos financieros asumidos para finales de este año. Además, las autoridades regulatorias detectaron operaciones marginales en el mercado de activos virtuales: dos billeteras virtuales vinculadas de forma directa al jefe de Gabinete recibieron transferencias por cerca de 80.000 dólares durante el año 2024, montos que fueron omitidos por completo en su presentación ante la Oficina Anticorrupción.
La resolución de la pesquisa penal aguarda el cierre del informe técnico de la DAFI y el vaciado del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien entregó su dispositivo a la Dirección General de Investigaciones (Datip) tras denunciar presiones y llamados previos del entorno del funcionario para condicionar su testimonio. El teléfono guarda los registros de la remodelación de la casa que Adorni adquirió en el country Indio Cuá por 120.000 dólares —anotada tardíamente en una rectificación de su declaración jurada—, donde gastó otros 245.000 dólares en refacciones de lujo que incluyeron jacuzzi y una pileta climatizada con cascada. Con un frente judicial que abarca desde enriquecimiento ilícito hasta negociaciones incompatibles, el jefe de Gabinete enfrenta el plazo del 31 de julio para entregar su balances contables antes de ser citado a declaración indagatoria.
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