La titular de la AFI entregó a la Justicia 105.000 escuchas sospechosas de formar parte del espionaje ilegal

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó ante la Justicia Federal porteña los registros de 105 mil escuchas telefónicas registradas por un sistema denominado SIDEA, que le permitía virtualmente a la central de espías disponer de infinitos datos privados de personas relacionadas con causas judiciales.

La presentación parece dejar al descubierto cómo funcionaba la usina de causas judiciales armadas así como la creación de climas de opinión a través de información privada de las personas, captada mediante un mecanismo ilegal arropado de una legalidad ficticia.

El sistema informático, denominado SIDEA (Sistema de Administración) almacenaba todas las comunicaciones que habían sido solicitadas por los tribunales en el marco de diferentes causas.

Esas escuchas, que estaban a cargo de la DAJUDECO (un organismo que depende de la Corte Suprema y al que le fue asignada esa tarea apenas asumió la presidencia Mauricio Macri) llegaban por una vía directa, una línea punto a punto, a la AFI.

SIDEA debía clasificar la información, enviarle a cada juzgado requirente lo que había solicitado y destruir el resto. Ese resto constituía, esencialmente, conversaciones privadas de los investigados con familiares, amigos y allegados, y no se vinculaban con datos de utilidad para las investigaciones.

La sospecha es que, en el marco del espionaje ilegal que ahora investiga el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, esa información privada fue utilizada para la persecución política y el armado de otros expedientes judiciales. Eventualmente también su uso fue la creación de climas de opinión a través de los medios masivos de comunicación.

La AFI explicó que “el sistema ya había sido informado a la justicia federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido ni analizado”.

Entre esos 105 mil registros aparecen las escuchas de conversaciones entre detenidos y sus defensores interceptados de un pabellón del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. De allí surgieron las escuchas que motivaron la “Causa Puf Puf”, una suerte de neutralizador de la investigación sobre las actividades del falso abogado Marcelo D’Alessio, apenas estalló la situación, en el verano de 2019.

Cómo funcionaba el sistema

Cuando la AFI, por sus propias tareas, suponía que estaba ante la comisión de un hecho delictivo o una trama de esa naturaleza, requería la interceptación de conversaciones telefónicas a un juzgado. Una vez recibido el pedido judicial, un protocolo interno de la AFI (el “Protocolo para la tramitación de interceptación de telecomunicaciones”) le solicitaba las escuchas a Asuntos Jurídicos. “El director general, la subdirectora general o funcionarios de Asuntos Jurídicos realizaban el trámite ante el juez”, explicó la presentación.

“Luego, era la propia AFI quien enviaba a la DAJUDECO (dependiente de la Corte Suprema) el oficio para ejecutar las interceptaciones, que luego llegaba en menos de 24 horas a la AFI para desgrabarlas y analizarlas”.

Gran parte de lo que hoy Caamaño entregó a la Justicia debió haber sido destruido una vez que se detectó que su contenido no era de utilidad para las causas. 

La presentación judicial sostiene que “a través del entonces Servicio Jurídico de la Agencia se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones, luego, diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo”.

La interceptación era “procesada y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado a pesar de que en muchos casos podría no resultar de interés para las causas de referencia”.