La tragedia de Venezuela y la voracidad de Estados Unidos

El peor terremoto de la historia de Venezuela no fue solamente una tragedia natural. Fue también el recordatorio de que existen desastres cuyos efectos se multiplican por decisiones políticas que intentan socavar un proyecto popular.

La combinación de dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, produjo un fenómeno excepcional conocido como “doblete sísmico”. Esa mínima distancia temporal entre ambos movimientos convirtió el episodio en uno de los más destructivos registrados. Cuando normalmente un terremoto es seguido por réplicas minutos u horas después, en este caso el segundo impacto encontró estructuras ya dañadas y una población sin posibilidad alguna de reacción.

Pero sería un error analizar esta tragedia únicamente desde la geología.

Venezuela llega a este desastre luego de más de una década de sanciones económicas que deterioraron profundamente la capacidad del Estado para responder a cualquier emergencia. El bloqueo comenzó formalmente en 2015, cuando Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13.692 declarando a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de los EE UU. Nunca existieron evidencias que justificaran semejante calificación. EE UU venía promoviendo una ofensiva conservadora contra los gobiernos populares de la región. A la persecución política y judicial se sumaban el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y, posteriormente, el golpe en Bolivia. El ataque contra Venezuela formaba parte de esa misma estrategia regional.

El objetivo era golpear el corazón productivo de Venezuela: el petróleo. En 2015 el país producía alrededor de 2,3 millones de barriles diarios. Las sanciones, que comenzaron siendo centenares y luego superaron el millar, buscaron destruir esa principal fuente de ingresos, fundamental para sostener las políticas sociales del país.

El objetivo, en buena medida, fue alcanzado. La producción petrolera cayó hasta niveles cercanos a los 300.000 barriles diarios y las pérdidas económicas acumuladas se estiman en unos U$S 800.000 millones. Esa cifra representa hospitales que no pudieron construirse, infraestructura que no pudo mantenerse, medicamentos que no pudieron comprarse y recursos que dejaron de estar disponibles para la población.

Las consecuencias humanitarias también fueron enormes. Diversos organismos internacionales estiman que entre 40.000 y 80.000 personas murieron como consecuencia indirecta de las sanciones, producto de las dificultades para acceder a tratamientos, insumos médicos y servicios esenciales.

Sin embargo, incluso en esas condiciones, Venezuela comenzó a recuperarse. Entre 2017 y 2022 logró revertir parcialmente la caída de la producción petrolera, fortaleció la producción agrícola y encontró mecanismos para sortear un bloqueo que alcanzó prácticamente todas las áreas de la economía, incluyendo la exclusión del sistema financiero internacional SWIFT.

Cuando esa recuperación empezaba a consolidarse, EE UU atacó nuevamente a Venezuela. Bombardeó, invadió y secuestró al presidente Nicolás Maduro. La intención era producir una explosión popular, que miles de venezolanos salieran a las calles para reclamar la caída del gobierno. Pero eso no sucedió.

El chavismo optó entonces por una convivencia pragmática con Washington para evitar un baño de sangre y preservar la institucionalidad del país. Esa decisión permitió sostener la paz, aunque dejó al gobierno condicionado por una negociación permanente.

Nada de esto modificó el objetivo estratégico estadounidense. La política hacia Venezuela forma parte de una lógica más amplia: impedir la consolidación de cualquier proyecto popular o antiimperialista en América Latina. Ayer fueron Venezuela, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia o Argentina; antes fue Cuba. Cambian los métodos, pero no la finalidad.

Hoy, frente a una tragedia humanitaria de enormes dimensiones, E UU, con una hipocresía y un cinismo dignos de su política hacia Venezuela, anuncia una ayuda económica inferior a los u$s 300 millones, mientras mantiene vigentes 1088 sanciones contra Venezuela, flexibilizando únicamente aquellas vinculadas al petróleo cuando resultan funcionales a sus propios intereses.

La tragedia que hoy conmueve a Venezuela comenzó mucho antes de que la tierra temblara. Y mientras persista esa política de asfixia y agresión, cualquier desastre natural seguirá encontrando a un país obligado a enfrentar, al mismo tiempo, las consecuencias de la naturaleza y la intención del imperio de apropiarse de sus recursos, condicionar su política interna e intentar ponerla incondicionalmente al servicio de los EE UU.