La trastienda del acuerdo fiscal: un sillón vacío, pedido de ajuste y la disputa por las jubilaciones

Cuando parecía que ya estaban todos los gobernadores en el primer piso de la Casa Rosada para firmar el texto del pacto fiscal, una silla vacía demostró lo contrario. El mandatario santafesino, Miguel Lifschitz, fue el último signatario del acuerdo y el último en ingresar al salón Eva Perón. Lo hizo recién cuando el presidente Mauricio Macri aceptó pagarle a Santa Fe 51.000 millones de pesos que le debe el Estado Nacional por la retención del 15% de fondos coparticipables que hizo el ANSeS y que fue anulada en noviembre de 2015 por el primer fallo de la Corte que le tocó padecer a Cambiemos, ya ganador en el balotaje, pero aún sin desembarcar en la Casa Rosada.

Apenas Macri aceptó pagar antes del 31 de marzo de 2018 la cifra adeudada, Lifschitz entró al salón, se sentó en el sillón que tenía su nombre y le puso la firma al acuerdo. El trazo del mandatario socialista dejó a San Luis como la única provincia que no firmó el pacto por una razón de peso: con el mismo fallo que generó una clausula especial en el acuerdo, la provincia puntana exige 42 mil millones y el Gobierno ofreció 2 mil. Diez minutos después, el Presidente comenzó un breve discurso, donde insistió en la importancia de haber negociado un déficit fiscal del 3,2% del PBI para el año próximo, como un punto de partida de un proceso de achicamiento de los estados provinciales, con retiros voluntarios en las estructuras estatales, y un acuerdo para evitar el incremento del empleo público por encima del 1% anual. «Hemos procurado no incrementar la tasa de déficit fiscal para no complicar a quienes nos financian ese déficit», dijo el ministro del Interior Rogelio Frigerio para confirmar que el tope del 3,2% es un límite acordado con los tenedores de deuda para programar un plan de ajuste para los próximos años, que tiene como escala de mediano plazo los cinco años acordados para que las provincias reduzcan los impuestos distorsivos como el gravámen a los Ingresos Brutos.

La firma del pacto fiscal, aún con el desembolso extraordinario para Santa Fe, que Macri intentó resistir hasta último momento, completó la serie de acuerdos que el gobierno buscó tejer antes de pasar al Congreso, que tendrá una agenda tan agitada antes del 10 de diciembre, como en las extraordinarias que convocará el Ejecutivo para el verano. La primera pieza se firmó un día antes, entre el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el triunvirato de la CGT para presentar un proyecto de ley de reforma laboral, luego de una negociación que lleva un año de tires y aflojes, y que tuvo un primer sinceramiento post electoral esta misma semana, cuando la UOM aceptó un acuerdo con los fabricantes de Tierra del Fuego para congelar las paritarias hasta 2020 a cambio de evitar las amenazas de despido.

Con ambas iniciativas destrabadas, la letra fina de las dos leyes pasará especialmente en el Senado, donde quedarán las discusiones más álgidas de la reforma laboral y el cierre de la reforma tributaria que Macri quiere tener aprobada cuanto antes, casi al mismo tiempo que el presupuesto 2018.

Mientras avance el trámite legislativo, la Casa Rosada ya desplegó el esquema de aplicación de la reforma fiscal: la próxima fase pasa por los municipios. Las provincias se comprometieron contar con leyes locales de responsabilidad fiscal, que tendrá un impacto territorial directo del ajuste para los próximos años. En el caso de la renegociación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el pacto establece tres años para la devolución del Fondo del Conurbano, con una entrega escalonada que llegará en 2019 a 65.000 millones de pesos. Todavía se desconoce cuál será el organismo que tendrá Vidal para administrar la inyección de dinero que desde el año que viene implicará un ingreso extra de 40.000 millones.

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La certeza de los firmantes es que parte de ese financiamiento provendrá de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y del endeudamiento a diez años por 80.000 millones de pesos, a una tasa del 6% anual, que sumará la Nación para compensar los ajustes del nuevo esquema de coparticipación, pero también para financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas: una etapa previa a la reforma jubilatoria que el Gobierno tiene en diseño. De ese proyecto, posiblemente el más importante y menos mencionado, sólo se sabe que los gobernadores acordaron morigerar los impactos negativos del cambio a la formula de actualización jubilatoria, que ahora será parte de un proyecto de ley para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación y garantizar que las jubilaciones «sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil».

A partir del 10 de diciembre, asumirán los nuevos diputados y senadores: Cambiemos no habrá perdido el lugar de primera minoría, pero la nueva composición ofrece un mapa donde los gobernadores provinciales, especialmente del peronismo, cuentan con escuderías cuyos votos son vitales para la sanción del paquete de leyes que el Gobierno blanquea por goteo luego de una negociación contrarreloj. Para marzo, cuando haya concluido el periodo de sesiones extraordinarias, comenzará un año donde el oficialismo intentará capitalizar políticamente parte de los acuerdos tejidos en estas semanas, aunque todavía se desconoce el cabal impacto del ajuste que está en marcha y la dinámica de protesta social que cosechará su implementación.