La casa de estudios de las elites internacionales rechaza presiones de la administración Trump para vigilar a sus estudiantes por presunto acoso a estudiantes judíos.
Fundamentalmente la presión del gobierno federal hacía hincapié en recomendaciones del Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, creado tras la vuelta de Trump a la Presidencia, para quien la declaración de Harvard «refuerza la preocupante mentalidad de privilegio, endémica en las universidades y colegios más prestigiosos de nuestro país: que la inversión federal no conlleva la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles».
La universidad había hecho pública una carta dirigida a estudiantes y personal en la que desafiaba un largo listado de peticiones de la administración Trump sobre cambios en su gestión, prácticas de contratación y política de admisiones. En ese texto, el rector Alan Garber dijo que «ningún gobierno, independientemente de qué partido esté en el poder, debe dictar a las universidades privadas lo que pueden enseñar, a quién pueden reclutar y contratar, o qué temas pueden investigar», añadió, refiriéndose a la exigencia de que Harvard «auditara» las opiniones de estudiantes y profesores.
Sobre este tema, la institución ya había respondido en otra misiva firmada por sus abogados que «no está dispuesta a aceptar demandas que vayan más allá de la autoridad legítima de esta o cualquier otra administración«. En su opinión, las peticiones de Trump «contradicen la primera enmienda» e «infringen las libertades académicas garantizadas desde hace tiempo por la Corte Suprema». La primera enmienda de la Constitución estadounidense garantiza las libertades fundamentales, en particular la de expresión.
«La declaración de Harvard de hoy refuerza la preocupante mentalidad que es endémica en las universidades y facultades más prestigiosas de nuestra nación: que la inversión federal no viene con la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles«, respondió la Casa Blanca.
Las subvenciones federales suponen el 11% de los ingresos de Harvard, sobre un presupuesto anual de 6.400 millones de dólares, según datos publicados por esa universidad privada situada cerca de Boston, en el noreste del país.
El Gobierno ya cortó por razones similares 400 millones de dólares en contribuciones a la Universidad de Columbia, en Nueva York, que a diferencia de Harvard se ha comprometido a llevar a cabo reformas drásticas para tratar de recuperar esos fondos.
La institución neoyorquina dijo estar dispuesta a revisar por completo su gestión de las protestas estudiantiles, formalizar una definición de antisemitismo y reformar sus departamentos de estudios sobre Oriente Medio, el sur de Asia y África, que la administración Trump quería poner «bajo supervisión académica».
Columbia también anunció que crearía un nuevo servicio de seguridad, contratando a «36 agentes especiales» que podrán «arrestar» a personas o expulsarlas del campus, que desde hace más de un año es el epicentro académico de las manifestaciones en apoyo a Palestina, cuando se considere «apropiado».
Varios estudiantes que se han manifestado durante las protestas propalestinas y que son titulares de visados o de «tarjetas verdes» fueron detenidos recientemente en Estados Unidos.
El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo considera que «la interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable» y que «el acoso a los estudiantes judíos es intolerable». «Es hora de que las universidades de élite se tomen el problema en serio y se comprometan a implementar cambios significativos si desean seguir recibiendo el apoyo de los contribuyentes», ha manifestado.
El petitorio del gobierno fue rechazado en todos sus términos por Harvard, como lo explicó en una serie de mensajes en su cuenta de X. «La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitirse ser intervenida por el gobierno federal», posteó.
alg con Europa Press y NA
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