La violencia contra las mujeres políticas adquiere niveles de terror en Bolivia

El acoso y la violencia contra políticas mujeres en Bolivia se manifiestan en prácticas de terror, desde insultos y palizas hasta asesinatos, con el fin de que renuncien a sus cargos electivos o limitar su participación en la vida pública.

El motivo principal: la manifestación de estructuras machistas y patriarcales en la sociedad boliviana, dicen a la AFP de manera coincidente la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, y la directora de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Bernarda Sarué.

Por ley, el 50% de las bancas del Congreso boliviano, los concejos municipales y los parlamentos regionales deben ser ocupados por mujeres, pues rige una paridad entre candidatos titulares y suplentes. Es decir que si el primer candidato titular es un hombre, su suplente tiene que ser una mujer y si la segunda titular es mujer, entonces su suplente debe ser hombre. Así, de manera sucesiva, se elaboran las listas de postulantes a cargos de elección popular.

Sin embargo, en un mundo político dominado por centurias por los «machos», la presencia de mujeres no es siempre bienvenida en Bolivia, pues en muchos casos las obligan a renunciar, en ocasiones para que el varón suplente asuma el puesto. Otras veces los hombres aducen compromisos de alternancia en el cargo, de modo que a mitad de los cinco años de mandato se haga un cambio, pero la ley no reconoce esos acuerdos.

El TSE tiene conocimiento de 65 casos de denuncias y renuncias por acoso y violencia contra mujeres del mundo de la política de enero a abril de este año, un aumento considerable frente a los 14 reportados el año pasado. Hay «amenazas sobre sus vidas, impedimento de entrar a las sesiones, amenazas contra sus hijos, agresiones verbales, impedimento de que tomen la palabra, estamos hablando de cosas que son vulneración de derechos y que son delitos», indica Uriona.

La magistrada cree que los casos pueden ser muchos más, pero que las afectadas tienen temor a denunciar para no sufrir represalias contra ellas o sus familias.

Por su parte, Sarué dice que «hay mujeres que han sufrido violencia física» como una concejal que, con el fin de que renunciara, la hicieron abortar «a patadas» el año pasado.

Además, ambas funcionarias afirman que las mujeres en cargos políticos tienden a asumir mayores acciones de fiscalización a autoridades y a luchar contra la corrupción, por lo que sufren ataques de quienes ven amenazados sus intereses.

Los casos son de terror. En la región de Santa Cruz, a una concejal embarazada no le pagaron su salario durante tres meses ni una bonificación por maternidad con el fin de que dimitiera, pese a que por ley gozaba de inamovilidad.

Pero no sólo se registraron hechos de acoso. El 12 de marzo de 2012 fue hallada ahorcada en un río la concejala Juana Quispe, del poblado andino de Ancoraimes. El alcalde y dos concejales fueron imputados por el crimen, pero hasta la fecha no hay sentencia. Se sospecha que hubo motivación política. «Todas las pruebas e indicios nos llevan a pensar de que así fue», señala Sandra Silva, del Centro de Atención de Acoso y Violencia.

Otro caso se registró en abril de este año, cuando la concejala Elizabeth Ancalle, de la población rural de Vinto, fue agredida por una turba para que dimitiera. «Cuando estuvimos sesionando entraron personas y directamente han roto las mesas, las sillas, se han llevado los documentos y nos han golpeado», relata.

Los intentos de combatir este tipo de delitos comienzan a tomar cuerpo legal en 2012, cuando se aprobó la Ley contra el Acoso y Violencia Política, que en 2016 se complementó con un decreto reglamentario. Luego, en mayo de 2017, el TSE aprobó un reglamento de trámites para facilitar a las mujeres a canalizar sus denuncias.

Pero Sarué dice que falta mucho para acabar con este mal: educar a la población, a los jóvenes, a los policías y a la justicia «es algo que tenemos que hacer». «