El procurador y algunas recusaciones allanaron el camino hacia una resolución que contradice todas las instancias previas.
El caso será resuelto en pocos meses por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que hizo público este viernes el cronograma de votos de sus cinco integrantes. De ellos, dos serán conjuezas debido a que fueron recusados cuatro de los miembros originales por “parcialidad manifiesta y falta de independencia”, pero solo un par aceptó excusarse.
En realidad las recusaciones fueron cinco, porque en el medio del proceso intentaron designar conjuez especial para esta causa a Rolando Gaitán, abogado personal del gerente local de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar, aquel que amenazó con “hacer correr sangre” para defender la propiedad de Lewis “con el winchester en la cintura”.
El TSJ conformado para este fallo estará integrado por las conjuezas María Ignazi y Sandra Filipuzzi, la jueza Cecilia Criado, además de Ricardo Apcarián y Sergio Barotto, los dos que rechazaron la recusación pese al material que ponía en serias dudas su imparcialidad. Solo se excusaron la presidenta del TSJ, Liliana Piccinini y el magistrado Sergio Ceci.
El Tribunal se pronunciará sobre un Recurso de Casación (apelación extraordinaria contra sentencias firmes) de Hidden Lake y el gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de septiembre pasado, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí, el más corto y amigable. Está sobre la Ruta 40, en el Paraje El Foyel, a mitad de camino entre Bariloche y El Bolsón.
Este fallo de la Cámara de Bariloche confirmaba otro de febrero de 2013 en el que el juez de primera instancia Marcelo Cuellar ordenó la apertura del camino de Tacuifí en un lapso de 90 días, que la provincia desobedeció.
A su vez, el juez Cuellar ejecutaba una resolución del STJ de 2009, que avalaba la apertura de un camino corto y accesible al Lago. Lo hacía en respuesta a un amparo presentado en 2005 por la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda, quien dio inicio al reclamo que 18 años más tarde continúa sin resolverse.
Desde 2005, los sucesivos gobernadores Pablo Verani, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras actuaron en defensa de la corporación británica, tanto en lo judicial como brindando impunidad a la violencia que Hidden Lake ejerce contra quienes intentan llegar al Lago sin su permiso.
Entre 2005 y 2023, hubo una decena de fallos y resoluciones que confirman la orden de apertura del camino de Tacuifí, que rechazan una y otra vez apelaciones y planteos de Hidden Lake y el gobierno provincial. Varios de los jueces y juezas que avalaron la apertura del camino fueron después destituídos en Juicio Político.
En términos políticos, esta batalla judicial confirma el dominio que ejercen en Río Negro las multinacionales y los grupos concentrados que durante 18 años impidieron que se abra un camino corto y accesible a un lago, como ordenaron infinidad de fallos. La institucionalidad de tres sucesivos gobiernos provinciales puesta al servicio de una corporación británica que viola las leyes argentinas por su sola existencia.
El camino a la sentencia favorable a Hidden lake fue allanado pocos días atrás por el Procurador de Río Negro, Jorge Crespo, quien dictaminó que el STJ debe revocar el fallo de la Cámara de Bariloche, y dejar sin efecto el del juez Cuellar.
Crespo argumentó que el pronunciamiento original no se refería a la apertura del camino de Tacuifí, sino a un sendero de alta montaña solo accesible a personas entrenadas y en condiciones de caminar y escalar faldeos durante cuatro días y sus noches, dentro de bosques vírgenes y caminos escarpados.
“El Superior Tribunal de Justicia va a consumar con una sentencia inconstitucional la burda discriminación a niños, personas con discapacidad y ancianos que jamás van a poder acceder al Lago Escondido”, dijo a Tiempo Argentino Magdalena Odarda.
Añadió que eso será “para garantizar un privilegio al magnate inglés que bloqueó el camino de Tacuifí para construir su mansión, y permitir la impunidad de las fuerzas parapoliciales que atacan y violan los Derechos Humanos de quienes pretenden hacer valer la Constitución y las leyes”.
En los últimos meses se presentaron en la causa “amicus curiae”. Por la apertura del camino se pronunciaron organizaciones populares como Aten, CTA, Apdh, Fipca, la Asociación de Abogados Ambientalistas, la Coordinadora del Parlamento Mapuche rionegrino y el Centro de Acceso a la Justicia, entre muchas otras.
En defensa de Joe Lewis lo hicieron la “Fundación Naturaleza para el Futuro”, una célula que financia a los grupos antimapuches más extremos, y el abogado mediático Daniel Sabsay, quien también reporta a la organización empresarial Consenso Bariloche. «
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