Las claves del régimen especial de Tierra del Fuego que abrió un debate político transversal

La búsqueda del equilibrio en las cuentas fiscales ya es un denominador común entre el gobierno y la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio. Aunque sus programas económicos disten de ser iguales, algunas iniciativas son compartidas y se vuelcan sobre el escenario de votación, el Congreso de la Nación.

Es así que el Presupuesto 2023, tutelado por el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía presenta una separata titulada «El impacto del gasto tributario en las cuentas públicas», que incluye, entre otros puntos, el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego. En el documento, se invita a los legisladores a «propiciar su análisis» del régimen especial fiscal y aduanero, creado en 1972 por la Ley 19.640, para poblar a la provincia más austral del país.

En torno a este tema, la Coalición Cívica (CC) suscitó otro desencuentro dentro de Juntos por el Cambio al presentar un proyecto de ley que directamente elimina el régimen. La Unión Cívica Radical (UCR) se manifestó en contra tajantemente y en un comunicado determinó que «no le prestará consideración ni acompañamiento alguno» a la iniciativa. Este medio intentó comunicarse con Juan Manuel Lopez, presidente de la CC, pero no obtuvo respuesta.

Héctor Stefani, diputado del PRO por Tierra del Fuego, también se opone a la propuesta de la CC: «Estoy lejos de eliminar el régimen, creo que sí podemos mejorarlo, hermanarlo con otros regímenes», señaló a Tiempo. Y agrega: «Es una ley exitosa que dio buenos resultados y que desde ningún punto de vista se puede tratar de manera ligera, como en una separata o proyecto de ley porque a alguien se le ocurre que algún empresario gana más de lo que tiene que ganar. No estamos dispuestos a retroceder en la consolidación de provincias que necesitamos que estén más pobladas de lo que están».

Tras protagonizar un cruce con López, Rosana Bertone, exgobernadora de Tierra del Fuego, le dijo a Tiempo: «Las consecuencias de la eliminación del régimen serían una pérdida muy importante de puestos de trabajo directos e indirectos, inversiones, población, y una pérdida para las arcas provinciales por los tributos que paga la industria electrónica».

Además, resaltó que el daño también sería «geopolítico» dadas las situaciones no resueltas sobre la posición argentina respecto al Tratado Antártico, más el diferendo con Gran Bretaña por Malvinas y el control del Mar Argentino y la pesca.

Cómo es el régimen

El régimen de promoción económica alcanza a todos los sectores: primario, servicio e industria. El «subrégimen industrial» específicamente establece un marco de beneficios y regulaciones para la industria manufacturera que hace uso intensivo de insumos importados y tiene como principal mercado el territorio nacional.

Fundar, dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas, detalla sobre este ítem que las empresas beneficiarias pueden vender bienes finales en el mercado doméstico argentino sin pagar derechos de importación ni impuesto a las Ganancias. Además, reciben un crédito fiscal por el IVA de las ventas que realizan o la menor tasa de impuestos internos para los productos electrónicos.

El subrégimen beneficia a la industria plástica, textil, confecciones, mecánica y pesquera, pero sobre todo a la electrónica. Estos sectores emplearon en 2021 a 10.827 personas, según datos del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC) de Tierra del Fuego, o sea el 95% del total del empleo industrial de la provincia está amparado por el subrégimen. Fundar resalta que la electrónica emplea a 8 de cada 10 trabajadores.

Sin embargo, los beneficios que reciben las empresas fueguinas bajo este régimen van en detrimento de los ingresos del Estado, que según el Presupuesto 2023 dejará de recibir de 520 mil millones de pesos, el 0,35% del PBI. Según Fundar, equivale a 10 veces el Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. En 2021, el gasto tributario asociado a Tierra del Fuego representó casi el 60% de los recursos destinados a la AUH.

«El régimen no tiene futuro para competir, porque al Estado le cuesta mucho dinero. Con esos dólares, en un año se podría crear un polo petroquímico antártico, con capacidad de exportación», critica una voz de la industria, que prefiere hablar en off. Sin embargo, reconoce que la apertura feroz de importaciones, a los fines de abaratar costos y obtener mayor variedad de modelos electrónicos, «generaría un problema social muy grande». La alternativa, según el economista, es «buscar mayor productividad» y redistribuir ese monto de dólares en «industria del conocimiento, universidades, la pesca» y otras estructuras productivas «para depender menos» de «ensamblar y testear», pero no será posible «por los intereses de las grandes empresas beneficiadas y sus vínculos políticos».

El presidente Alberto Fernández anunció en octubre del año pasado la prórroga del régimen por 15 años, con posibilidad de extenderlo 15 años más.

Aunque las modificaciones impositivas deben tener tratamiento legislativo, el Ejecutivo podría modificar por decreto la alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos, acción ya realizada por el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente, los productos electrónicos pagan un impuesto del 17%, mientras que si son fabricados en Tierra del Fuego, 6,5%. El dictamen de mayoría del Presupuesto propone elevar el impuesto interno a 9,5% y el importado a 19%. «