La aprobación o no en Diputados de las modificaciones a la Ley Bases afectan al sector que ya viene siendo golpeado.

“Del artículo 111 del proyecto original podía resultar una futura quita de la exención de ganancias para cooperativas, ese fue eliminado por la Cámara de Senadores. Además de la eliminación del monotributo social que sería un costo enorme. Esto último se quitó del proyecto de Senadores, pero hay que ver qué pasa en Diputados. Por otro lado el anuncio del vocero de la suspensión de cooperativas y qué sé yo. Nos pegamos un susto mucho más grande de lo que en realidad fue, pero son cuestiones simbólicamente muy estigmatizantes”, explica Lucrecia Scarpeccio, parte del Estudio Cooperativo Contable (ECC), una cooperativa de contadoras que trabajan para cooperativas en Santa Fé y Córdoba.
“Actualmente hay un desafío para las organizaciones que surgieron cerquita del 2001, medio que sin nada, o sea con dos ollas que se usaban para el comedor y después para hacer el productivo de mermeladas, digamos. Hubo un financiamiento y un equipamiento por parte del Estado que a muchas les permitió montar una estructura para los productivos. ¿Qué pasa ahora sin ese apoyo y además teniendo que empezar a delinear más finamente las estructuras de costos de manera que te asegure que puedas seguir subsistiendo en el emprendimiento?”, describe.
El último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Ganadores y perdedores en los primeros meses del gobierno de Milei, muestra que mientras las megaempresas argentinas que cotizan en Bolsa tuvieron un aumento de 831% en sus ganancias netas en el primer trimestre del año, la inflación, en ese mismo período, aumento 273%, el salario privado cayó 12,1%, el público cayó 26,9% y el Salario Social Complementario (que reciben muchas cooperativas) es un 40,9% menor.
“La Argentina que viene es una Argentina muy desigual, de exclusión, de violencia. Es una Argentina donde va a haber un sálvese quien pueda. Desde el sector cooperativo bregamos para que haya una enorme reflexión sobre que se puede generar una crisis social muy grande. Nosotros somos la economía que incluye. Y la verdad que hoy vemos un panorama muy negro”, advierte Ricardo Garzia, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA). “Si la ley Bases queda igual en Diputados, es un avance sobre los pequeños y medianos productores. El RIGI es un riesgo enorme, ya que aumenta la concentración económica con extractivismo y minería contaminante. No vamos a castigar a los evasores, no vamos a castigar a los que se la llevan en pala al exterior y vamos a dejar que la traigan de vuelta sin ningún tipo de costo”, agrega.
“La ley es un paso más en la transferencia de riqueza de los sectores más populares, incluso la clase media, hacia los sectores ultra ricos. Y mientras tanto se ajusta la política pública hacia los sectores populares, que cada vez les cuesta más, por ejemplo, ante una situación de emergencia climática, una tormenta, una inundación, donde perdieron toda la producción, y el Estado no ayuda ni con semillas. Al mismo tiempo que dice no hay plata para esto, se da vuelta y se la da a los sectores más ricos con la quita de impuestos. Entonces esta ley es un gran plan de negocio y un gran plan de transferencia y entrega de los bienes comunes, que cada vez va a ser más difícil revertir. Es una hipoteca a un proyecto de país con soberanía nacional”, opina Nahuel Levaggi de la UTT.
“Hay emprendimientos que tendrían que funcionar con 3 personas y que en esta lógica más de inclusión había 20, con planes y teniendo subsidiado mucha parte del costo, que permitía vender más barato. ¿Qué pasa ahora, cuando hay que recalcular los costos? Esas 20 personas probablemente en un momento queden afuera y el precio va a subir cuando calculás el costo del combustible, la energía o los rodados”, advierte Scarpeccio.
“Hay situaciones, como la aprobación del trigo transgénico HB4, que van a traer problemas económicos y de salud a las familias más humildes u oficios urbanos como el tortero. Eso con exención de impuestos para la importación de agrotóxicos producidos por empresas multinacionales y con una transferencia de recursos del Estado a través de la Universidad Nacional del Litoral, que con nuestros impuestos pagamos esas investigaciones para que lo patente Bioceres, que las cotiza en bolsa”, comenta Martín Montiel, de la Red de Comercio Justo del Litoral.
“No tenemos muchas claridad del proceso, aunque si certeza del camino construido. Entender que venimos de una derrota que es política pero subjetiva, nos ganaron la cabeza y el corazón de muchas familias. Hay que volver a preguntarse cómo es organizarse cooperativamente, que es comer sano, como tiene que participar el Estado de nuestros procesos. Y hay que dar una respuesta real y construir herramientas para esa transformación. Y ahí el trabajo territorial es clave”, confiesa Pablo Blank del Movimiento Campesino de Córdoba.
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