Las lentitud del trámite del pedido formulado por la titular del Senado para asegurar la legitimidad del debate virtual sobre el impuesto a la riqueza genera sospechas sobre una protección de las grandes fortunas por parte de un sector del máximo tribunal.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, resolvió habilitar la feria judicial para analizar la “acción declarativa de certeza” presentada por Cristina Fernández de Kirchner que busca un aval temprano a una ley sancionada a distancia.
Todos los caminos parecen confluir en la protección directa u oblicua de los grandes afortunados. Sancionar una ley votando a través de medios informáticos no es la forma que la Constitución prevé. Pero cuando se aprobó la Carta Magna nadie imaginó que una pandemia iba a paralizar al mundo.
El planteo de CFK alerta sobre maniobras de lobby de los afectados por la ley para obturar su sanción. Una objeción formal sobre el mecanismo de aprobación es, así, un ardid previsible.
El jueves pasado, la Corte estuvo a horas de romper de hecho la feria extraordinaria. Rosenkrantz había dispuesto un acuerdo para tratar una serie de expedientes, la mayoría de los cuales iba a ser rechazada por “inadmisibles”.
Ricardo Lorenzetti, en cuarentena en Rafaela (Santa Fe), anunció que firmaría de puño y letra. Las carpetas debían ser llevadas hasta su domicilio. “Si la van a complicar…”. A complicador, complicador y medio.
Un acuerdo habría significado una respuesta tácita a la consulta de CFK. Si la cabeza de un poder puede emitir fallos con sólo uno de sus miembros en el Palacio de Tribunales, ¿con qué argumento podrían decirle al Congreso que una ley no puede sancionarse de la misma manera?
Los tribunales están vacíos. No hay reuniones presenciales de jueces, pero siguen saliendo fallos por control remoto.
Por ahora, sólo hubo habilitación de feria, lo que no significa gran cosa. Rosenkrantz había pedido al secretario de feria Damián Font un análisis sobre la viabilidad de la presentación de la vicepresidenta. El pronóstico era (es) negativo. Entienden algunos juristas que no hay aún un “caso” y el Poder Judicial no es un órgano consultivo de la legislación por aprobar.
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