Las leyes sancionadas por la Legislatura porteña que el Ejecutivo no aplicó

“Ningún gobierno pone en práctica todas las leyes aprobadas porque no habría presupuesto que alcance”, señaló sin estupor a Tiempo un importante asesor del Ejecutivo porteño que acompañó los cinco gobiernos macristas desde el año 2007.

Quitarle mérito a uno de los poderes del Estado no es una cosmovisión nueva del PRO porteño, más aún teniendo en cuenta que, de acuerdo a la denuncia de especialistas y referentes del derecho, el poder judicial está totalmente cooptado por la administración local.

Pero más allá de las opiniones propias o ajenas sobre este tema, los datos oficiales respecto a la cantidad de leyes aprobadas y la paralización de muchas de ellas deja en evidencia un desprecio explícito de la gestión amarilla sobre el poder Legislativo.

Según las cifras del CEDOM (Centro Documental de Información y Archivo Legislativo), un organismo con 46 años de historia; relevadas por el Sistema de Consultas Parlamentarias, desde 2015 al 2025 la Legislatura sancionó 1225 leyes. De acuerdo a estimaciones del Ejecutivo local, alrededor del 29% de ellas no fueron puestas en práctica, y los sectores más despreciados por el Ejecutivo fueron Educación y aquellas normas que regulan el funcionamiento del Espacio público. “Parecen muchas pero es un promedio general de las administraciones”, justificó el asesor.

En ese porcentaje entran las normas que no fueron reglamentadas, las parcialmente reglamentadas (donde el Poder Ejecutivo solo aprueba algunos de sus artículos), y aquellas leyes que directamente fueron “cajoneadas”.

De acuerdo a estos datos oficiales, el año más productivo fue el 2021, cuando la Legislatura debatía respetando la emergencia sanitaria en medio de la pandemia. Por entonces se aprobaron 149 leyes, el 70% de ellas eran proyectos enviados por el Ejecutivo. En cambio, este año fue el menos laborioso con alrededor de 110 proyectos aprobados.

Educación

Son muchos los ejemplos de leyes sin actividad que entrarían en este ítem, aquellos que están vinculados a cambios de nombre de instituciones educativas, acompañamiento pedagógico y en materia de mejoras edilicias, pero también los documentos aprobados para favorecer la formación en el sector.

Un claro ejemplo de ello ocurrió en junio de 2022, cuando el exjefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta, firmó el decreto 209 que reglamentaba la Ley de Fortalecimiento de la Carrera Docente votada en el mismo año. El decreto prácticamente contradecía el contenido de la Ley dado que modificaba la reglamentación de algunos artículos del Estatuto que refiere a los derechos laborales. El decreto habilitó, por ejemplo, la implementación de un trayecto formativo desconociendo el valor del título docente que otorgan los institutos de formación.

Por entonces el rechazo de los gremios docentes sobre este tema fue contundente: “Rechazamos firmemente cualquier intento de modificación unilateral que no contemple la voz de la comunidad educativa y que no tenga en cuenta una verdadera perspectiva de género”, habían señalado desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Ese mismo año fue aprobada una ley que instauró un marco legal para el acompañamiento de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes que, debido a sus altas capacidades intelectuales, requerían de estrategias de acompañamiento específicas.

El Ejecutivo porteño decretó que la autoridad de aplicación sería la cartera Educativa a quien la autorizó para dictar las normas complementarias, operativas y aclaratorias sobre este tema, pero jamás fijó los detalles de su aplicación.

Un ejemplo más reciente es la Ley de Boleto universitario en CABA que fue aprobada por amplia mayoría en diciembre de 2024. Tras nueve meses de su aprobación, Jorge Macri decretó su funcionamiento y recién en octubre de este año habilitó la plataforma para que los estudiantes pudieran inscribirse para acceder a la gratuidad del transporte público.

Más allá de la demora ilegal de la puesta en marcha, Macri dejó afuera de la reglamentación puntos esenciales de la Ley como el artículo que permitía que no paguen el boleto los acompañantes de estudiantes menores de 12 años.

Espacio Público

Un viejo proyecto de Ley (la 6107) aprobado sobre finales de 2018, habilitaba la instalación de baños y sanitarios públicos en al menos 20 plazas y parques de la Ciudad. Si bien el proyecto aprobado fue promulgado a los pocos días por el Ejecutivo porteño, jamás decretó la reglamentación que habilitaba la construcción de los baños con estándares requeridos en respecto a diseño paisajístico,  accesibilidad y salubridad.

Cabe destacar que tanto el artículo 7.2.7 del Código Urbanístico, como el artículo 4 del Plan Urbano Ambiental, promueven la incorporación de espacios públicos accesibles, inclusivos y de calidad destinados a la recreación y el encuentro ciudadano. Estas normativas establecen la obligación de garantizar condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad y salubridad, con el objetivo de consolidar una ciudad más equitativa y sustentable. Otro proyecto aprobado que fue totalmente ignorado por el Ejecutivo porteño, es la Ley conocida como la de Cafeteros ambulantes. La norma fue sancionada en 2021 y permitía la venta ambulante de ese producto  en la vía pública mediante carros no motorizados. Esa ley lleva más de cuatro años sin ser reglamentada, con lo cual, muchos de los vendedores ambulantes de café todavía siguen siendo reprimidos y con sus elementos secuestrados por parte de la Policía de la Ciudad.