Las organizaciones sociales creen que, sin ellas, el Ejército no es capaz de repartir la comida

El derrotero del gobierno alrededor de la retención de 5 mil kilos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo está plagado de contradicciones, torpezas, marchas y contramarchas.

El suministro para los casi 5 mil comedores del Registro Nacional de Comedores (ReNaCom) se encuentra paralizado desde diciembre de 2023. Por eso se produjeron decenas de protestas conjuntas de la UTEP y la Unidad Piquetera que fueron reprimidas por la policía. Una vez que se constató la existencia de esa mercadería, el gobierno tuvo que dejar de lado la versión sobre el ajuste fiscal y salir a dar explicaciones para tratar de justificar semejante desprecio por la vida humana y el padecimiento de millones de personas que viven en la pobreza y la indigencia en la Argentina.

La primera versión buscó confluir con la causa que, desde el 20 de diciembre, llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, quienes investigan a organizaciones como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie, y en la que pretendieron demostrar, primero, un mecanismo de extorsión sobre beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y que ahora rectificaron en el sentido de una supuesta defraudación al Estado. La denuncia sobre supuestos comedores fantasma resultó la excusa adoptada para explicar la interrupción del suministro a pesar de que el mismo Estado verificó la existencia del 54% de los incluidos en el ReNaCom. El resto, aseguran las organizaciones, o no fueron capaces de ser encontrados o cambiaron de domicilio o, simplemente, se tuvieron que cerrar por la ausencia de suministros.

El vocero presidencial Manuel Adorni contradijo esa versión señalando que los alimentos acopiados formaban parte del plan anti catástrofes del gobierno. Sin embargo, los trascendidos sobre la inminente fecha de vencimiento de, entre otros productos, casi 400 mil kilos de leche en polvo (4 millones de litros de leche), y el fallo del mismo juez Casanello en una causa iniciada por las propias organizaciones sociales, obligaron al gobierno a un nuevo giro: la responsabilidad recayó sobre el Secretario de Niñez, Pablo de la Torre, que fue despedido por incumplimiento de sus responsabilidades e incluso denunciado en la Oficina Anticorrupción.

A la vez, el ministerio de Sandra Petovello ordenó el reparto de la comida que sería ejecutado por el Ejército en un intento de seguir estigmatizando y ninguneando a las organizaciones sociales. Todas confirmaron a Tiempo que el gobierno no se puso en contacto con ellas a la vez que se mostraron escépticas sobre la capacidad logística de esa institución para semejante operativo sin coordinar con las organizaciones comunitarias.

Mentiras e incapacidad

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, confirmó que «no se comunicaron con nosotros para coordinar. Por supuesto que el Ejército no tiene capacidad. Cuando fue la pandemia discutimos con el entonces secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, porque él mismo reconoció que el Ejército no cuenta con esa logística. No tienen ni cocinas para calentar la comida». El dirigente graficó: «Imaginate un camión lleno de comida en Villa Palito, van a tener que poner gente armada. Los mismos evangelistas de ACIERA dijeron que era imposible que ellos repartan todo porque no tienen los voluntarios y que tenían que recurrir a las organizaciones sociales. No saben qué hacer porque destruyeron todo el andamiaje logístico porque no pensaban repartirla».

En la misma línea, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, señaló que «no se puede entender la maldad de lo que está haciendo el gobierno con los alimentos, echándole la culpa a las organizaciones sociales y mintiendo con los comedores fantasmas. Se ha demostrado que existen y están trabajando a pesar de que no han entregado arroz y leche. Es perverso lo del gobierno».

Alderete alertó que «el juez les ha dado la orden, pero no lo han escuchado. Van a tener problemas con la justicia y con organismos internacionales porque hay dinero del Banco Mundial que tenía que ir para eso».

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, confirmó que «no hubo contacto del gobierno después del fallo. El único contacto fue en enero con uno de los funcionarios que después de eso renunció. No se qué van a hacer. Es un gobierno que solo puede armar un relato, pero que a la hora de desarrollar una política pública no tiene capacidad ni voluntad de impulsar algún tipo de asistencia real. No tienen voluntad de reconocer la red de asistencia que hay en el territorio. Espero que distribuyan la comida realmente, no me sorprendería que sea otra mentira».

La dirigente social vaticinó que «van a fracasar. No creo que el Ejército tenga la capacidad logística para repartir. La distribución de los alimentos implica cocinarlos y precisa una red territorial que no es sencillo de garantizar, ya lo hemos visto en la pandemia cuando la asistencia se tuvo que hacer con las organizaciones comunitarias, las sociales, la iglesia y las barriales».

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, señaló a Tiempo que «esperemos que armen un dispositivo articulado con los territorios. Es un gobierno de campañas de mentiras y maniobras de distracción. Pero ya quedaron muy expuestos en esta última semana donde hubo cinco versiones distintas».

Alderete coincidió en que «no cuentan con la logística, no sabemos cómo pretenden hacerlo. Las organizaciones pagan los gastos logísticos para que sea más rápido y ágil. Van a fracasar si no lo hacen con las organizaciones», sentenció.   «