Las organizaciones sociales, escépticas ante el decreto que encaja planes sociales con empleo

El pasado lunes el gobierno nacional lanzó mediante un decreto el Programa de Formación, Empleo e Intermediación Laboral. El propósito general de la medida apunta a crear los mecanismos para la paulatina incorporación de beneficiarios de programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social a empresas del sector privado. La idea es convertir trabajo informal en empleo registrado.

Se trata de un padrón de cerca de un millón de trabajadores que perciben mensualmente un Salario Social Complementario equivalente hoy a 14.580 pesos.

El decreto no ofrece detalles sobre su implementación concreta, que deriva a la reglamentación que quedará en manos de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. Esas dependencias eludieron dar detalles a Tiempo, pero reconocieron que avanzarían luego de las elecciones generales del 14 de noviembre.

La medida, sin embargo, se anunció luego de los acuerdos parciales que se obtuvieron con las cámaras y sindicatos del sector de la Construcción y de Gastronómicos, cuyos gremios se sumaron a la iniciativa y, a cambio de financiamiento, serán los encargados de ofrecer las instancias de capacitación. Antes se había avanzado con los trabajadores rurales conocidos como «golondrina», para quienes el Estado cubriría las contribuciones en los períodos de inactividad.

Desde el Taller de Estudios Laborales, observaron: «Por ahora es un anuncio. Lo que se busca en general es que todos los planes posibles pasen a tener una suerte de cobertura como tiene el asalariado: ART, obra social y que, de entrada, cubran el sueldo entre el plan y un agregado. Pero no hay un plan concreto». Además, advirtieron que «en los caso de construcción y gastronómicos, también fueron cartas de intención; todavía no se sabe hasta dónde se van a respetar los convenios».

Efectivamente, de la letra del decreto, no se puede inferir taxativamente si los ingresos implicarán el respeto integral de los convenios sectoriales o si ingresarán bajo algún régimen especial transitorio. En principio, los trabajadores percibirán un ingreso equivalente al del convenio y los beneficios propios de la actividad y, por un período de dos años, mantendrán el Salario Social Complementario mientras que las empresas deberán financiar el diferencial.

A priori, se trata de un subsidio del Estado al sector privado por un máximo de $ 15 mil millones mensuales que, a escala anual, alcanzarían los $ 200 mil millones.
No precisan el subsidio

El antecedente inmediato es el Plan Empalme del gobierno de Cambiemos, lanzado el 1 de mayo de 2017  y cuyos resultados distaron de los objetivos. En los primeros cinco meses los registros oficiales daban cuenta del ingreso de menos de cien trabajadores. El Empalme quedó en el olvido a partir de la profunda recesión en la que ingresó la economía a partir del año siguiente. La apuesta del actual gobierno se fundamenta en las señales de rebote de la economía que buscan apuntalar con una ayuda a las empresas que ya no cuentan con los ATP.

La pregunta que surge es si las empresas necesitan efectivamente ese subsidio para crear empleo o si este depende de la actividad económica más general. Los datos de la Cuenta de Generación de Ingresos del Indec muestran que, en el año de pandemia, las ganancias de las empresas incrementaron en cinco puntos porcentuales su participación en el valor agregado de la economía mientras que los salarios perdieron diez puntos. La parte empresaria de la torta pasó del 47% del segundo trimestre de 2020 al 50,9% del mismo período de este año, alcanzando el récord desde que se realiza esa medición, en enero de 2016, mientras que los salarios pasaron del 49,8% al 40% del total de la riqueza generada.

Las organizaciones sociales, tanto las alineadas con el gobierno como las opositoras, mostraron su escepticismo ante el anuncio oficial. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la UTEP, Nicolás Caropresi señaló a Tiempo que «lamentablemente, es un anuncio para la tribuna que intenta interpelar a la parte más gorila de la sociedad, que cree que los compañeros que reciben el Salario Social Complementario no trabajan».

En tanto, el dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, señaló que «es un subsidio encubierto a los productores. Un plan muy parecido al de Macri, que fracasó porque lo que marca el ritmo de la ocupación y el empleo es el ritmo económico, que no está en alza porque el gobierno, en vez de desarrollar la obra pública y la inversión, está concentrado en reunir los recursos para pagar la deuda externa. No es un factor de dinamismo de la economía sino todo lo contrario».

Caropresi, por su parte, concluyó: «Me preocupa que un 17 de Octubre el gobierno anuncie una medida exactamente igual a la del macrismo. Eso demuestra que de un lado y el otro de la grieta no están sentándose a escuchar la verdadera problemática que existe, que son los excluidos de esta sociedad. El mercado privado de empleo no lo va a resolver porque no lo hizo en los mejores años de crecimiento».

Ayer, el ministro Juan Zabaleta explicó que «el Estado mantiene su aporte de los 14.500 pesos del programa Potenciar Trabajo como salario base y el resto –para llegar al salario de convenio– lo ponen los productores, emprendedores, contratistas o empresarios».  «

Anuncian creación de monotributo productivo

El gobierno prepara la presentación de un proyecto de ley para la creación de un monotributo especial para trabajadores de la Economía Popular.

Se trata del denominado «proyecto de ley puente de inclusión al régimen simplificado para pequeños contribuyentes», que busca generar mecanismos de regularización del empleo para los cuentapropistas del sector informal de la economía.

De esa forma, quienes accedan a esa modalidad que impulsa el proyecto podrán acceder a los beneficios contemplados, como el acceso a una obra social y, a la vez, generar aportes previsionales.

El beneficio podría alcanzar también a profesionales y comerciantes que recién inician su actividad e implica beneficios para la primera etapa, que puede durar hasta cuatro años. El Estado asumirá parte de los componentes del monotributo.

El anuncio podría generar suspicacias al conocerse en paralelo al decreto de «intermediación laboral», cuyos detalles están sujetos a la reglamentación de los ministerios involucrados, toda vez que el monotributo ha sido utilizado para formalizar y a la vez encubrir relaciones de dependencia laboral (ver nota principal).

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló que «la única forma de formalizar el trabajo es ponerlo bajo convenio en el caso que corresponda a la planta del trabajo, sea este estatal o privado. Esto es una formalización de la precarización laboral y no del trabajo registrado, como corresponde. El monotributo muchas veces es la forma que usan las empresas y el propio Estado para evadir el convenio. Es un ataque al convenio, a los trabajadores y sus conquistas». El alcance de la medida se conocerá en los próximos meses.  «