Las prestaciones para personas con discapacidad, en riesgo por el atraso en los pagos

La constante garúa no logró disuadir a los miles de manifestantes que en la mañana de este miércoles comenzaron a ocupar la avenida Callao, frente al palacio del Congreso, para reclamar que el gobierno se ponga al día con todos los prestadores de servicios vinculados con las personas con discapacidad. Como parte de la protesta, un centenar de combis copó la plataforma de colectivos sobre la calle Solís.

Los ejes de la movilización fueron dos: “la regularización de los pagos por el Programa Incluir Salud” y la “adecuación arancelaria para una sustentabilidad real de los servicios”. Según denunciaron, “el atraso en los pagos por la atención brindada, principalmente de Incluir Salud, llega en algunos casos a los seis meses”.

La marcha fue convocada por el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que coordina las acciones de las diferentes federaciones y organizaciones del país que representan a las escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias.

A la mayoría de estos prestadores aún no se le pagó “el mes de abril, cuando ya debería estar pago mayo”. Otro dato importante es que a todos el Estado todavía les debe el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017.

“No esperábamos ninguna respuesta. Ni que la señora vicepresidenta, Gabriela Michetti, se acercara. Ayer nos dijeron que la solución de esta situación estaba planteada para la segunda semana de septiembre y nosotros les dijimos que eso no lo podíamos sostener. Que la semana que viene tenían que poner un dinero en las instituciones”, explicó el sacerdote Pablo Molero, a cargo de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires y máximo referente del Foro que organizó la convocatoria.

La referencia a Michetti no es casual, ya que es la funcionaria que controla la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente creado en septiembre del año pasado tras la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

“En el día de ayer –agregó Molero– tuvimos una reunión con el licenciado Santiago Ibarzábal”, quien asumió el 15 de agosto como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Nos planteó cómo piensan hacer para ponerse al día con los atrasos: un pago pequeño la semana que viene y los pagos atrasados de enero a mayo, y algo de junio, en la segunda semana de septiembre, y lo faltante de junio y julio, en la segunda de octubre”, se quejó el cura.

Pero Molero cree que el camino proyectado por el Ejecutivo no alcanza: “Vinimos acá a mostrar lo que está sucediendo porque lamentablemente a algunos les parece que esto se puede sostener. La necesidad pasa por gente que depende de estos recursos para su medicación y su rehabilitación, para atenderse en las diferentes provincias. Buscamos un gesto”.

“Ellos nos hicieron su planteo pero nosotros les dijimos que necesitábamos cobrar rápidamente y poner dinero en las instituciones para la semana que viene. Sabemos de las dificultades graves que hay, que hoy se ha vuelto a disparar el dólar, pero no podemos hacer como si nada pasara con la suerte de tantas personas con discapacidad y también con el trabajo de tanta gente”, concluyó