Las razones de la impunidad de la que goza Lewis

El Lago Escondido es un bien de dominio público que se encuentra a solo 20 kilómetros de la ruta nacional 40, pero que nadie – salvo contadas excepciones-  puede conocerlo sin el permiso de un ciudadano extranjero. Representa una fuente de agua dulce incomparable en biodiversidad y belleza paisajística.

Desde 1996, cuando Joseph Lewis adquirió las tierras en área de frontera que rodean totalmente el lago, el poder político se ocupó de garantizar privacidad para el magnate, retirando el Lago Escondido del “corredor turístico” de la Provincia de Río Negro.

Así, no reclaman el acceso público al Lago ni el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, -de vínculos profesionales y de amistad con el magnate- y menos aún lo hace la gobernadora Arabela Carreras como garante del patrimonio natural de Río Negro.

Hace 18 años que presentamos, junto a organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, ambientales e indígenas, un amparo judicial para lograr el acceso libre y seguro al espejo de agua, en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución provincial. Por tratarse de una causa judicial en materia ambiental y encontrándose derechos constitucionales vulnerados, la misma debió ser de tratamiento urgente. Sin embargo, pasaron por ella, más de 25 jueces, muchos de ellos recusados, renunciados o directamente destituidos a pedido de Lewis.

Transcurría el año 2005. Un día intentamos llegar a las orillas del Lago Escondido omitiendo anunciar mi condición de legisladora provincial, dado que ello podría implicar algún trato privilegiado. Como todas las vías de acceso se encontraban cerradas, seguimos unos kilómetros por la ruta e ingresamos por el único camino habilitado: el camino construido por Joseph Lewis, que, en su último tramo, ensambla con el camino vecinal “afectado al uso público” de Tacuifí. En menos de una hora estábamos frente a guardias que resguardaban la entrada a la mansión. El diálogo que se produjo en ese momento y que a casi 20 años de ocurridos los hechos recuerdo puedo reproducirlo así:

-Buenas tardes, queremos conocer el Lago Escondido.

– Buenas tardes. Señores, esto es propiedad privada, no pueden avanzar.

-Perdón, ¿el Lago también es privado?

– Sí, también es privado.

A las pocas horas, ya nos encontrábamos radicando la primera exposición policial en la Comisaría 2 de San Carlos de Bariloche para luego presentar la acción judicial que lleva dos décadas.

Puedo contar más de 3 sentencias favorables al reclamo ciudadano de libre acceso al Lago Escondido: 2009, 2013 y la última, en 2022, donde la Cámara Civil de Bariloche confirmó un fallo de 9 años atrás, otorgó un plazo de 3 días a la Gobernadora de Río Negro para abrir el camino de Tacuifí, declarado “afectado al uso público”, sin necesidad de expropiación. Ello significa que, con un simple decreto y un breve desvío para no pasar por el jardín de la mansión de Lewis, (construida sobre el propio camino) todos los argentinos, argentinas y extranjeros que vienen a visitarnos, podrían llegar sin contratiempos a conocer una belleza natural que nos pertenece por derecho a todos, sin discriminación alguna.

Resulta evidente que los niños y niñas, personas con discapacidad y ancianos, jamás podrían conocer el Lago de otra manera que no sea por el camino de “Tacuifí”.

Algunos hechos vividos hablan de la impunidad y privilegios con los que siempre el poder político protegió a Lewis y a su entorno. Solo relataré alguno:

En marzo de 2011, la Justicia ordenó inspeccionar el “camino de Tacuifí”. Para ello hubo que cruzar dos ríos: el Foyel y el Escondido. Como los antiguos puentes fueron dinamitados cuando Lewis compró el campo, toda la comitiva judicial fue obligada a cruzar ambos ríos caminando con el agua a la altura de la cintura. Incluso al propio presidente del máximo Tribunal de Justicia se le negó la posibilidad de utilizar los puentes de Lewis, porque según lo expresado por uno de sus abogados, aquellos son de propiedad de la “corona británica”.

A los pocos meses, como forma de manifestar su enojo por aquella inspección judicial que llegó al Lago Escondido por el camino de Tacuifí y pisó el césped de su cuidado jardín, unos 5 micros con amigos y empleados de Joe Lewis llegaron a la capital provincial y acamparon en la plaza principal, frente a la propia Casa de Gobierno y de la sede del Poder Judicial. Esa fue la manera de demostrar su poder REAL frente a los Poderes constitucionales rionegrinos. Desde allí organizaron un escrache en la casa particular del Juez y corrieron a vecinos con caballos. Fue en esa oportunidad, que a viva voz frente al periodismo, el vocero del grupo, Nicolás Van Ditmar, expresó con más o menos palabras: “Vamos a defender la propiedad privada de Lewis con el Winchester en la cintura y hacer correr sangre si es necesario”.

Y así lo hicieron. El accionar de las patotas armadas y encapuchadas que golpean a ciudadanos y ciudadanas que reclaman por soberanía actúan en nombre de la propiedad privada cuando la orden se emite en forma inmediata, sea de día o de noche. Allí aparecen los jinetes atropellando con caballos, pegando con rebenques, a veces con la cara tapada y utilizando la vestimenta de nuestros gauchos. Todo ello ocurre frente a los ojos de la policía, del gobierno y de parte del Poder Judicial que nada hace, nada dice ante el accionar parapolicial.

Escraches, amenazas a vecinos, calumnias para quienes no se callan. Todo está naturalizado en las tierras de Lewis. En 2013, siendo aún legisladora provincial, luego de tomar vista del expediente en Bariloche, volví a buscar el vehículo oficial estacionado muy cerca del juzgado. Sin sospechar que manos anónimas habían aflojado los tornillos de las cubiertas, emprendí viaje a Viedma. Como resultado, sufrimos un accidente que pudo haber sido fatal.

Hoy no hay forma de ingresar al Lago Escondido: un gran portón construido durante la pandemia con alambres de púa y cámaras de vigilancia monitoreadas desde la mansión impiden el paso a pesar de la sentencia judicial. Por lo tanto, el espejo de agua sigue privatizado y las patotas siguen actuando usando la violencia. Por otro lado, cierto sector del Poder Judicial no demuestra interés de intervenir cuando se trata de delitos flagrantes relacionados con los intereses de la estancia, y funcionarios macristas, jueces federales y empresarios, se reúnen a espaldas del pueblo con fines inconfesables.

Nos preguntamos: ¿cuáles son las razones de esa impunidad garantizada? ¿Serán negocios relacionados con la energía o con la compra de tierras con presencia de agua dulce? ¿Será porque existe financiamiento ilegal de campañas políticas o habrá relación con la compra de bonos de la deuda rionegrina? ¿O será simplemente porque permitir que Lewis tenga su paraíso privado en la Patagonia resulta beneficioso para alguien? La respuesta aún no la conocemos. Seguramente la historia develará ese misterio tan bien guardado desde hace casi 30 años. «