Las razones detrás del aumento de los combustibles

El deterioro de los ingresos en términos reales, el alza de los costos y la fuerte caída en las ventas fueron los motivos que llevaron a YPF a aplicar una suba en el precio de los combustibles, con el visto bueno del gobierno. En promedio, el incremento fue de 4,5% en todo el país, aunque en el área metropolitana fue algo mayor. El comunicado que anunció la decisión la justifica “en pos de avanzar con los objetivos de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país”.

La cuestión de fondo son los pobrísimos resultados obtenidos por la empresa (que tiene mayoría estatal) en la primera mitad del año. En el informe publicado hace pocos días, se reconocen ingresos entre enero y junio por $ 308 mil millones, apenas 5,8% más, en términos nominales, que en el mismo período de 2019. En particular, en el segundo trimestre hubo una caída de 16,7% adjudicada a los efectos del aislamiento preventivo causado por el coronavirus y la consecuente reducción en la movilidad de la población y en las actividades productivas. Como ejemplo, se detalla una merma de 44,6% en la venta de naftas, 8% en gasoil y 28,9% en el comercio minorista de gas natural.

Tambien podés leer: YPF aumentó un 4,5% promedio los precios de sus naftas en todo el país

A pesar de ello, sus costos de producción siguieron subiendo, aunque en proporciones reducidas, ya que la menor demanda redujo la necesidad de comprar petróleo crudo a terceros para cubrir eventuales faltantes. También subieron los costos de administración (28,3%) y comercialización (35,6%). Para sostener la necesidad de una recomposición tarifaria, la empresa decidió aplicar un “cargo no recurrente por deterioro de activos” que implicó una desvalorización de $ 57 mil millones: en otras palabras, entendió que todas sus propiedades, plantas y equipos valían menos como consecuencia de la situación del mercado. Eso hizo que el trimestre cerrara con una pérdida neta de $ 85 mil millones.

Con esos números, el CEO de la empresa, Sergio Affronti, fue a los despachos oficiales a negociar el aumento. Su argumento fue que una mayor cobranza por las ventas minoristas permitiría financiar la exploración y explotación en los yacimientos para recuperar el 9% que cayó la producción de hidrocarburos. Sin la recomposición, el esperado rebote de la economía dispararía la importación de crudo y la consecuente necesidad de divisas para adquirirlo.

La cifra autorizada fue acotada para reducir su influencia en la inflación: en la Casa Rosada saben que el congelamiento de los combustibles (cuya última actualización había sido el 1 de diciembre pasado), al igual que el de las tarifas de gas, agua y energía eléctrica, fue clave para que el índice de precios al consumidor sólo subiera 15,8% en lo que va de 2020. El presidente Alberto Fernández dijo públicamente que salvo los combustibles, los valores de los demás servicios se mantendrán sin cambios hasta fin de año.

Mientras las demás compañías se disponen a imitar el ajuste practicado por YPF, el resto del sector petrolero sigue de cerca la evolución del dólar, que subió un 22% desde comienzos de año, y los precios internacionales del crudo, que se recuperaron de su histórico derrumbe y se acercan a los niveles previos a la pandemia. Su impacto en la formación del precio es importante, aunque no definitivo. Por ejemplo, ninguna estación de servicio regaló las naftas en abril, cuando el crudo se comerciaba a precios negativos (por el cierre de los mercados, las productoras pagaban a quien pudiera almacenar su exceso de producción).

Para reducir la incertidumbre, en la Argentina todos los sectores, con la mediación estatal, consensuaron un valor de referencia al que se realizan las operaciones en el mercado local. Ese denominado barril criollo, fijado en 45 dólares, está sujeto a tensiones. Las productoras quieren aumentarlo para contar con un margen que incentive la exploración. Las refinadoras piden reducirlo o, si ello no es posible, poder trasladar sus costos a los surtidores. La discusión se reeditará estos días, cuando el Ministerio de Desarrollo Productivo tenga que realizar la actualización trimestral de ese valor.