Las respuestas al engañoso decreto del Gobierno sobre la Ley de Identidad de Género

El vocero del gobierno, Manuel Adorni, anunció el miércoles por la tarde un decreto (ya publicado en el Boletín oficial) en el que se plantean una serie de modificaciones en los artículos 5 y 11 de la Ley de Identidad de Género (26743). En el anuncio hablan de prohibir el tratamiento de hormonización y cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años, algo que no existe y no está en el texto de la ley votada en 2012.

De acuerdo a lo que establece la ley, para solicitar una terapia de hormonización o una cirugía de reasignación, las personas deben tener más de 18 años. En el caso de menores de 18 años, se debe contar con la autorización de sus tutores legales y en el caso de que no exista tal autorización, se puede recurrir a la Justicia “teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Las respuestas

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez respondió por su red social X la abultada cantidad de información falsa que existe en el anuncio del decreto.

“Es necesario realizar algunas consideraciones constitucionales y legales para evitar que la ignorancia libertaria se expanda como un virus”, expresó el letrado. “En nuestro sistema constitucional, en virtud de la jerarquía constitucional que tiene la Convención sobre los derechos del niño, los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años son sujetos de derechos y ejercen los derechos que titularizan según el desarrollo de sus capacidades progresivas (no es lo mismo un niño de 10 años que un adolescente de 17 años)” aclaró en primer lugar.

Agregó “la ley de identidad de género –enmarcada en el modelo expuesto- distingue respecto de los niños, niñas y adolescentes entre rectificación registral del sexo, tratamientos integrales hormonales e intervenciones quirúrgicas totales y parciales (arts. 5 y 11)”

También destacó que, tanto en la rectificación registral como en los tratamientos, el derecho a la identidad de género tiene como requisito, además del consentimiento de padre y madre, el consentimiento de les niñes, asistencia legar y la posibilidad de acudir a la justicia si no se cumplen los requisitos. “Como se observa es falso sostener que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años ejercen el derecho a la identidad de género sin tener que cumplir ningún requisito o procedimiento”.

Además, Gil Domínguez avanzó sobre el procedimiento legal para la derogación de los artículos. “Solo se pude concretar mediante una ley del congreso en la medida que no sea regresiva del derecho a la identidad de género que titularizan los niños, niñas y adolescentes. La propuesta del gobierno de prohibir el ejercicio del derecho a la identidad de género respecto de la rectificación registral del sexo, los tratamientos integrales hormonales y las intervenciones quirúrgicas totales y parciales es regresivo por cuanto impone desde el Estado un modelo perfeccionista que desconoce el deseo de los niños, niñas y adolescentes, soslaya el acompañamiento de los representantes legales, inhibe la capacidad progresiva como central de la condición de sujeto de derecho, anula el interés superior del niño y obstruye la intervención administrativa o judicial como instrumento que garantiza las particularidades emergente de cada caso”.

Un decreto de mentiras

Por su parte, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, también salió al cruce de la medida oficial: “Miente, miente, miente que algo quedará. Esta es la única estrategia que el gobierno nacional sabe usar. Es absolutamente falso que niñas y niños puedan realizar tratamientos médicos de adecuación de género sin el acompañamiento institucional del Estado y la intervención de sus representantes legales. El Código Civil y Comercial de nuestro país reconoce el principio de capacidad progresiva.”

Por su parte, Esteban Paulón también se refirió al anuncio presidencial. «A través de un decreto nos pone en la lista de países que persiguen y estigmatizan a la comunidad travesti trans, con especial ensañamiento en las infancias. No daremos ni un paso atrás».

También el periodista Bruno Bimbi se expresó en le mismo sentido: «Argentina es el país que juzgó a los genocidas de la dictadura. El primero de América Latina y uno de los primeros del mundo con matrimonio igualitario. Tiene aborto legal y la mejor ley de identidad de género que existe. Mirá si un subnormal y su perro muerto van a cambiar eso.»

La activista travesti Florencia Guimaraes expresó que «de economía sabemos el presidente argentino nada sabe, ahora de leyes parece tampoco. Aquí los art. de nuestra Ley de Identidad de Género con respecto a las niñeces».

El riesgo para las adolescencias e infancias trans

El sábado durante la cobertura de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista Tiempo dialogó con Dante, joven trans que trabaja especificamente en acompañamiento de adolescentes trans. «Participamos de la marcha porque semana a semana dicen cosas sobre derechos que estaban asegurados y que se ponen en riesgo. Hay mucha angustia en les adolescentxs porque hay un panorama que cambia constantemente en los discursos y son ellxs quienes viven la incertidumbre».

Por su parte, Gabriela Mansilla, mamá de Luana, la primera niña realizar su cambio registral en la Argentina, en diálogo con NA, aseguró: “en Argentina no existen la hormonización ni amputación de genitales en menores de edad”.

“Los bloqueos puberales tienen una ventana de 2 años para que ese adolescente piense, vaya viviendo de a poquito, se induzca a una pubertad y siempre acompañado de un equipo interdisciplinario. No existe, en Argentina, la hormonización de menores de edad, ni la amputación de genitales”, señaló la escritora, activista LGBT+ y fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres.

Mansilla sostuvo que las modificaciones a dicha norma implican “un retroceso, es una medida sumamente violenta que no considera ni los derechos, ni la salud de estas niñeces. Las personas adultas somos quienes tenemos que velar, proteger y cuidar, de manera amorosa y responsable a estas niñeces”.

“La Ley de Identidad de Género nos daba el contexto legal para que todo esto pudiera suceder en cada uno de los espacios donde transitan las niñeces, como la escuela, un centro de salud o un hospital. Incluso con quienes no querían respetar o no sabían sobre las niñeces trans, la ley nos daba, nos da y nos va a seguir dando, este marco de existencia legal”, explicó.