Lasso busca resolver sus escollos políticos con una consulta popular

Impedido de llegar a acuerdos políticos en el Parlamento, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, busca concretar sus planes económicos con una consulta popular, en la que incluirá además reformas constitucionales.

El presidente anunció que espera «antes del 30 de abril poder enviar el primer trámite» para consultar a los ecuatorianos sobre el proyecto de Ley de Inversiones, rechazado en marzo por el Congreso unicameral, con el que pretendía atraer 30.000 millones de dólares externos para invertir en el país.

Para Lasso, los asambleístas que le niegan ese proyecto son «ladrones y corruptos» y aseguró que «el gobierno tiene derecho de someter esa misma ley a consulta popular para que sea el pueblo el que decida su futuro y no sean, con honrosas excepciones, unos zánganos que están ahí solamente para cuidar su patrimonio personal».

El gobierno busca ir más allá de esa ley, ya que también pretende en la consulta impulsar reformas sobre seguridad, empleo, economía y política. Según Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, el pliego de preguntas estará disponible «en aproximadamente 15 a 20 días». Se especula con modificaciones que otorguen más poder al Ejecutivo frente a los varios rechazos legislativos, calificados de «boicot».

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo – donde las fuerzas de oposición están dispersas pero tienen la mayoría – empeoró cuando en marzo el Congreso amnistió a 268 personas, entre ellas indígenas y manifestantes que participaron en las violentas protestas de octubre de 2019, que dejaron 11 muertos.

El antecedente más reciente de consulta popular para reformar la Constitución fue durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Unas enmiendas muy criticadas por el expresidente Rafael Correa y su fuerza política, porque además de impedirle su candidatura en el futuro le confería un poder discrecional al Ejecutivo sobre órganos de contralor.

Correa también había usado el recurso de la consulta popular para inhabilitar a políticos con capitales en paraísos fiscales, reformar la justicia y regular a la prensa.