La solicitó el abogado Martínez Herrero al juez Lijo acerca de transacciones electrónicas que se hicieron por la web a la Funcación SUMA.
De hecho, el sitio de internet www.eldisenso.com publicó un artículo en el que documentó cómo Suma recaudó más de dos millones de pesos en la cena de gala que realizó el 1° de diciembre pasado mediante el desfile de voluntarios con posnets portátiles por las mesas de los comensales.
Martínez Herrero, el primer denunciante contra Michetti después de que se conociera que le habían robado de su cada 200 mil pesos destinados a la Fundación y 50 mil dólares, especificó las medidas de prueba que, a su criterio, debería adoptar Lijo.
En ese sentido, pidió que le sea requerida a sitio de internet MercadoLibre (que funciona en virtual asociación con Mercado Pago como medio para cancelar las transacciones) que «remitan todas las operaciones realizadas, «detallando todas las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado de manera electrónica a las arcas de SUMA».
También reclamó «los datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organismos correspondientes y en su información contable».
La investigación de eldisenso.com permitió establecer que la cuenta que figura como receptora de las donaciones es FUNDACINSUMAFUNDACINSUMA y está relacionada a un mail de la fundación que puede leerse parcialmente (***@fundacionsuma.org.ar) y el ID de usuario en MercadoLibre es 169391190. Esa información, publicada por Tiempo, le fue entregada hoy a Lijo.
En el mismo contexto, Martínez Herrero recordó que la Fundación no tenía en su sede los libros contables que el magistrado ordenó secuestrar. «Atento a la demora de la fundación en efectuar sus presentaciones en la IGJ, como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones», peticionó el denunciante.
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