José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez están acusados por su responsabilidad en secuestros, homicidios y desapariciones, entre ellas la de uno de los hijos de Hebe de Bonafini.

Los acusados son José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, quienes nunca fueron juzgados hasta el momento por crímenes de lesa humanidad.
Salvador era jefe de la Delegación Enlace Capital Federal de la DIPPBA. Este rol implicaba representar a la DIPPBA ante las otras agencias de inteligencia, como el Batallón de 601 del Ejército, y mantener vínculo con diferentes grupos de tareas.
A partir de la investigación se conoció que Salvador participaba de las reuniones de la Comisión Asesora de Antecedentes, que funcionaba en sede de la SIDE, reuniones periódicas en las que se analiza las listas de personas detenidas en las cárceles y se decidía si les imponía la opción de salir del país.
Según pudieron probar en la instrucción, por su oficina pasaron pedidos de información que sirvieron para el secuestro y desaparición de Samuel Leonardo Slutzky, Hugo Arnaldo Corsiglia y Luis Ignacio López Comendador entre junio y julio de 1977.
“Salvador aparece como un engranaje fundamental del sistema montado para identificar a personas (objetivos), secuestrarlas y desaparecerlas, actuando como canal de comunicación entre diversas agencias de inteligencia y aportando información fundamental para dicha empresa”, señaló la Sala II de la Cámara Federal de La Plata al confirmar su procesamiento.
Fúmez, por su parte, era el máximo responsable de la Delegación Lanús de la DIPPBA, desde donde pretendió encubrir el asesinato de personas secuestradas. En la instrucción, se pudo comprobar su participación en varios casos, entre ellos el de Raúl “Bigote” Bonafini, uno de los hijos de Hebe.
Raúl era militante del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977 y visto por sobrevivientes en los centros clandestinos de la Brigada de Quilmes, el Destacamento de Arana y en La Cacha.
Fumez realizó un informe que buscaba encubrir el hecho. Allí sostenía que Raúl fue detenido en un retén policial y se “autoeliminó” tomándose la pastilla de cianuro el 7 de septiembre de 1978, una versión que el juzgado pudo determinar que era falsa.
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