Ley Bases: el entusiasmo por el dictamen no logra aplacar la fragilidad de los acuerdos

Cuando los dos dictámenes de mayoría ya estaban firmados, Victoria Villarruel se encargó de oficializarlos. La vicepresidenta buscó mostrar que también había sido parte del cierre de la negociación que hasta la semana pasada estaba estancada y con pronóstico reservado. El cambio pareció la salida de Nicolás Posse en la jefatura de Gabinete y su reemplazo por Guillermo Francos, que apenas fue designado se mudó al Senado para buscar una salida.

Dentro del oficialismo, que tiene siete bancas en la Cámara Alta, creen que el actual jefe de Gabinete ya sabía con anticipación de la salida de su antecesor y que apenas lo reemplazó destrabó una serie de temas que estaban sobre la mesa hace dos semanas.

«Guillermo dijo que podía sacar la ley si le daban todas las herramientas para hacerlo», aseguró un inquilino del Senado que defiende la irrupción del flamante ministro coordinador. Entre martes y miércoles Francos concedió una serie de puntos con la oposición dialoguista que conocía desde hacía dos semanas.

«Algo pasó, porque de repente destrabó una serie de reclamos que venían desde hace semanas y en las que no había movido nada», relató la fuente. El razonamiento refleja el clima que respira la pequeña bancada de siete voluntades de La Libertad Avanza en el Senado y también de varios aliados de las bancadas del PRO y de la UCR.

El primer alivio fue cuando Milei finalmente desenganchó la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal al pacto del 25 de Mayo. El segundo fue cuando la Rosada finalmente puso una sola voz negociadora con un Senado complicado y el oficialismo en franca minoría.

En medio de esa línea de tiempo, Posse se presentó ante el Senado para brindar informes sobre la gestión del gobierno, tal como lo exige el artículo 101 de la Constitución Nacional. Fue el 15 de mayo, cuando ya arreciaban versiones de su salida y de una deteriorada relación con Milei y con su hermana Karina, al frente de la Secretaría General de la Presidencia.

Ahora que ya están los dictámenes firmados y comenzó la cuenta regresiva para llegar al recinto del Senado, algunos testigos del trámite legislativo sospechan, sin desmerecerlo, que Francos ya sabía de la salida de Posse desde que le tocó comparecer ante el Senado. También se animan a asegurar que así se consumó un enroque palaciego apenas las acciones de Posse comenzaron a perderse en la inquina presidencial.

El entonces ministro del Interior, sin poder de decisión presupuestaria, vio en silencio cómo Posse quedaba a merced de su impericia negociadora y de la distancia que eligió mantener desde su despacho en la Rosada con las complejas negociaciones por la Ley Bases.

Francos recién estuvo empoderado cuando Posse fue removido. No perdió el tiempo, apenas los hermanos Milei compraron la idea de darle las herramientas para sacar la ley, el flamante ministro coordinador fue a utilizarlas para sacar los dictámenes de mayoría. La moneda sigue en el aire, porque todavía falta que el tinglado de acuerdos que finalmente pactó pueda resistir al examen del recinto, donde se espera una votación muy ajustada entre sus 72 integrantes.

Desde que consiguieron las firmas, con muchas disidencias, para los dos dictámenes comenzaron a correr los siete días reglamentarios del Senado para llegar al recinto. La fecha la pondrá Villarruel, que posiblemente haya saboreado en silencio el reemplazo de Posse por Francos. Había quedado afuera de la negociación y fue Francos el que la visitó para pedirle ayuda.

La titular del Senado intervino, pero la Casa Rosada seguía sin ceder, hasta que sobrevino el enroque que no le vino nada mal. Según dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, podría será en la semana del 10 de junio, pero la confirmación final vendrá de la firma de Villarruel.

En las dos semanas que vienen por delante, el tándem Francos-Villarruel buscará ajustar los acuerdos para reducir fragilidades. Los dos dictámenes incluyen modificaciones al giro que vino de Diputados y eso confirma que volverá a esa cámara de origen cuando haya pasado el cedazo del Senado. En esa línea de tiempo no sólo queda la negociación hasta que llegue ese día, porque la atención no sólo estará en la votación en general, sino en la posibilidad de que se caiga algún artículo en la votación en particular.

De esos números dependerá el futuro de la segunda revisión en Diputados, donde sus integrantes podrán ratificar la versión original o aceptar el giro del Senado con mayoría simple, salvo que se concrete alguna mayoría de dos tercios de los presentes en la sesión que se espera dentro de dos semanas en la Cámara Alta.

El escenario sigue siendo frágil. En el oficialismo arriesgan una foto prematura. Dicen contar con el quórum de 37 y el mismo número para la votación en general, frente a una estimación de 35 voluntades en contra. Para la particular hay preocupaciones ante esos números tan ajustados.

Las concesiones que Francos hizo hasta ahora no cambian el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y en materia fiscal los cambios pasaron por una alícuota especial para las provincias patagónicas y destrabar el voto que hasta ahora le habían negado. Siguen en pie las emergencias financiera, energética y económica por un año para continuar con la desregulación total del sistema económico, amplias facultades para disponer del empleo público, otras para fusionar y cerrar organismos.

Además, con una lista acotada de entes a proteger y una reforma laboral que además de llevar el período de prueba de tres a seis meses, legitima el fondo de cese laboral de la UOCRA e incluye la posibilidad de considerar como causal de despido la toma de una planta o el bloque de sus accesos por un reclamo sindical. A eso se suma un paquete de privatizaciones, donde ni la UCR ni los bloques provinciales pudieron sacar a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y TV Argentina.

En ese punto hay desacuerdos que serán parte de la letra chica que seguirá en negociación y que podría traer alguna sorpresa en la votación en particular. El blanqueo sigue sumando desacuerdos porque siguen las chances de beneficiar a testaferros.

El dictamen de la Ley Bases tuvo tres firmas del oficialismo, dos del PRO, dos de la UCR, dos de partidos provinciales, como la tucumana Beatriz Avila y la misionera Sonia Rojas, además del salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). El interrogante está en las once firmas en disidencia, donde hay radicales, macristas, patagónicos como Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, la neuquina Lucila Crexell o el santacruceño José Carambia.

A ellos se suma Edgardo Kueider, que firmó pero lo hizo «en disconformidad». El paquete fiscal tiene la misma foto y abre los mismos interrogantes para la decisión que llegará en el momento de votar artículo por artículo. «