El proyecto de ley sobre financiamiento educativo ya tiene dictamen en el Congreso. Juntos por el Cambio acompañó con disidencias. De fondo, la discusión por el presupuesto 2024.
En el marco de definiciones electorales, a pocos días del balotaje, se pone en juego en el parlamento la discusión de cuánto será el financiamiento educativo y qué rol ocupará en función de quién ocupe el próximo gobierno. En ese marco, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, manifestó: “Hay una preocupación respecto al tenor de los convenios, nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación”.
“Esto va en contra de los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos”, lanzó la presidenta de la Comisión de Educación en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el sistema de vouchers. “Este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado con la educación”, agregó.
La entrerriana señaló que “reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante”, la iniciativa plantea pasar del 6% del PBI a 8% en la inversión para el área, con “la condición de que haya convenios bilaterales”. “Es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024”, dijo. Asimismo, detalló que para la educación obligatoria está previsto alcanzar el 6,5% para 2030, mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5% para 2032.
En el caso de Juntos por el Cambio, el representante de Evolución Radical Alejandro Cacace opinó: “Tenemos un objetivo común, queremos que se incremente la inversión educativa en el país, pero no se puede obligar a las provincias a usar recursos propios si no es por la vía de adhesión o convenio”.
Al respecto, el puntano afirmó: “le estamos pidiendo a las provincias un incremento en sus derogaciones”, señaló y afirmó que se debe establecer que “el incremento no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. “Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó.
En la misma línea, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) señaló que “la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones en sus presupuestos” porque “es inconstitucional, no respeta la autonomía provincial”. “En el caso que las provincias no acepten, no firmarían los convenios. Si las obligamos a algo que ellas no están en condiciones económicas de hacer, no van a firmar los convenios, por lo cual la ley no va a ser aplicable”, advirtió.
El 15 de septiembre, el ministro de Economía Sergio Massa presentó el Presupuesto 2024, que será debatido y defendido por los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández una vez superada la instancia del balotaje. El titular de la cartera educativa, Jaime Perczyk manifestó que el oficialismo busca “defender la educación de nuestra patria y defenderla es mejorarla. Para mejorarla se requiere financiamiento continuo, seguro y suficiente”.
Según lo presentado, la Educación alcanza el 7,1% del Presupuesto Nacional, a grandes rasgos se destacan como políticas de continuidad las asistencias al Desarrollo de la Educación Superior; la implementación del Conectar Igualdad, las inversiones en infraestructura y jardines de infantes, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina (PROGRESAR), entre otras acciones.
El programa Desarrollo de la Educación Superior, de mayor relevancia presupuestaria, tiene a su cargo la asistencia financiera a las Universidades Nacionales, principalmente destinada a afrontar los salarios de los docentes universitarios, preuniversitarios y personal no docente y el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDAR).
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