Tras la caída de la Ley ómnibus el gobierno redefine la ruta del ajuste

«Por eso, diseñamos un programa económico para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso», tuiteó el presidente Javier Milei desde Italia, luego de su paso por Israel. Tras la caída de la Ley ómnibus, el Gobierno retoma su retórica anti casta, subestima la derrota legislativa y asevera que continuará con su proyecto para equilibrar las cuentas públicas, tal como le prometió al Fondo Monetario Internacional. En ese mismo sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que alcanzó el déficit cero en enero, sin la aprobación de la norma, y que avanzará «profundizando el ajuste en las partidas conocidas». Cabe preguntarse entonces, cuáles son las asignaciones a las que se refiere el trader.

Si bien en la página oficial del Ministerio de Economía, aún no están publicadas las estadísticas del Sector Público Base Caja e Informe Mensual de Ingresos y Egresos de enero 2024, los últimos anuncios señalan que el Ejecutivo continúa con su programa de recorte. En ese camino, la Secretaría de Transporte anticipó la eliminación de subsidios a los colectivos urbanos de las provincias, y diferentes analistas económicos sostienen que la inflación forma parte del plan de gobierno para licuar los salarios de la población.

El economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, indica que las políticas del Gobierno están en sintonía con lo acordado con el FMI. Letcher explica: «El paquete de medidas para reducir el déficit que está realizando Nación incorporó el impuesto a los combustibles, que no estaba dentro de la agenda original, y mantiene el Impuesto PAIS. Además, incluye un paquete de recortes que hoy tiene en el centro de la escena las transferencias a las provincias, la licuación de las jubilaciones y los salarios, y la aceleración de la quita de subsidios al transporte y la energía».

Lo afirmado por Letcher guarda correlación con el último comunicado del 1 de febrero Directorio Ejecutivo del FMI sobre el acuerdo firmado con Argentina, que dice: «El logro de un superávit fiscal primario de alrededor del 2% del PIB este año se sustentará en una combinación de impuestos temporales relacionados con las importaciones y el fortalecimiento de los impuestos a los combustibles, junto con esfuerzos para racionalizar los subsidios a la energía y el transporte, los costos administrativos y las políticas de menor prioridad de gastos discrecionales». Esto, que para la entidad financiera es un «ambicioso plan de estabilización», para las provincias y la población implica una quita fuerte de recursos.

Por su parte, el Mirador de Actualidad del Trabajo y Economía (MATE) del que forma parte Sergio Arelovich coincide en que el Gobierno avanza con la licuación de salarios. En el Informe de Coyuntura 2024, reveló que el salario perdió 13,7% en diciembre y que el poder adquisitivo quedó a muy poco del mínimo histórico alcanzado en abril de 2003. Según MATE, la caída de las remuneraciones en términos reales se profundizó con «la ofensiva de los grupos de poder que buscó generar una hiperinflación para justificar el programa de ajuste».

Arelovich, consultado sobre las posibilidades del Ejecutivo de alcanzar el equilibrio fiscal, respondió: «El plan de ajuste es sobre la demanda de gran parte de la población por lo que, es inevitable que en forma inmediata, o con algún diferimiento, eso afecte la recaudación tanto nacional como la de las provincias, municipios, comunas y CABA». Para equilibrar las cuentas, no sólo se necesita reducir gastos sino también sumar ingresos.

En cuanto al ajuste sobre las «partidas conocidas», el gobierno nacional sostiene una disminución de transferencias automáticas y discrecionales hacia las provincias. En ese sentido, tras la caída de la Ley ómnibus, frenó las iniciativas para reimplementar ganancias y coparticipar el impuesto PAIS, como pedían los gobernadores.

Además, eliminó el Fondo Compensador del Interior que subsidia el transporte, descongeló las tarifas de boletos en el AMBA, y pausó el envío de recursos al Fondo de Incentivo Docente que incide en los salarios de maestros y maestras. «Hay un fondo para infraestructura parado, un fondo para incremento de jornada parado, el Fondo de Incentivo Docente está parado, y una gran cantidad de programas que llegaban de la Nación a provincias están parados», sostuvo el director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, en declaraciones radiales.

Con el ajuste fiscal a las provincias, la promesa de Javier Milei de fundir a los gobernadores dejó de comprenderse en el marco del «toma y daca» de la discusión de la ley Bases para tornarse en una amenaza real. En este contexto, el presidente se encamina a una coalición con el PRO, y le pide las renuncias a la secretaria de Energía, Flavia Royon; y al titular de la Anses, Osvaldo Giordano, que responden a los mandatarios de Salta y Córdoba.  «