Ley Penal Juvenil: «El 70% de los chicos no vuelven a reincidir»

El proyecto del oficialismo que busca bajar la edad de la punibilidad a los 13 años es tratado en la Cámara de Diputados. En ese marco, este diario dialogó con Marcela Velurtas, trabajadora social de los equipos interdisciplinarios de la Justicia Nacional Penal Juvenil y vicepresidenta de la asociación que nuclea a estos profesionales.

La experta explicó que el plan del gobierno no contempla ningún tipo de estrategia para encontrar una solución a la problemática y considera al mismo “una política regresiva”. Además, sostuvo que los medios hegemónicos de comunicación “lo único que buscan es rellenar la pantalla, hablan de los jóvenes en términos generales; ahí, es cuando confunden todo y presentan a los menores como monstruos en la sociedad”.

Encarcelar a los chicos

“A los 13 años todavía son niños. Lo que quieren hacer no tienen ninguna correlación con todos los desarrollos que tienen que ver con la pediatría ni la neurociencia, respecto a la capacidad de comprender y responsabilizarse que tiene una persona a esa edad”, explicó la especialista.

La profesional aseguró que Argentina no puede tener una política regresiva porque lo que el oficialismo pretende hacer está observado y rechazado por todo el plexo normativo internacional: “Inclusive, hay una recomendación del Comité de los Derechos del Niño al Estado argentino, que la hizo a partir del proyecto que fue presentado en el 2017; le señaló no reducir la edad de la punibilidad. También apuntó no adoptar ninguna medida de carácter regresivo”.

“Este proyecto no busca solo bajar la edad de la punibilidad, sino endurecer las penas privativas de la libertad, ampliarlas a periodos exorbitantes. El Fuero Penal Juvenil debería implementar un tratamiento no solo sancionatorio, sino de inclusión y oportunidades”, afirmó.

En el mismo sentido, continuó: “Tienen que pensar en penas diferenciadas, que contemplen propuestas que tienen que ver con la reflexión, con el reconocimiento de las situaciones por las que atraviesan los chicos, de los daños que sufrieron, las consecuencias de los actos y la existencia de víctimas”.

Penas más duras

El proyecto del oficialismo tiene penas de hasta más de 20 años, mientras que en la región en general son de 5 años y en situaciones muy graves y complejas se extienden hasta 10 años. “Y eso contradice el concepto de proporcionalidad, porque las penas deben ser proporcionales al hecho”, alertó Velurtas y agregó: “Otro problema muy grave es que permite el alojamiento de niños con adultos, que es algo que está mundialmente observado y fue considerado una locura”.

La profesional concluyó: “Lo que en realidad deberían hacer, es pensar en estrategias de integración para los pibes. Sin embargo, no toman en cuenta la justicia restaurativa, ninguna previsión presupuestaria, no hay contemplación de formar equipos interdisciplinarios. En síntesis, la propuesta del gobierno no tiene nada positivo que se pueda recuperar; solo nos hace retroceder en el tiempo”.

“Además, incorpora una modalidad de tratamiento hacia las personas que no serían punibles, o sea para los menores de 13 años, que verdaderamente es inédito y considero que es inadmisible todo ese capítulo que se titula ‘Los inimputables’, es algo que me resulta terrorífico”, completó.  

“Hay tener en cuenta que el 70% de los chicos no vuelven a reincidir, porque efectivamente se trata de conductas de carácter exploratorio, no delincuenciales”, remarcó Velurtas.

Evitar el encierro punitivo

Sobre el encierro punitivo, la especialista se explayó: “La mejor manera de trabajar con los adolescentes es tener vacantes en las escuelas, apoyo de todo tipo, recursos para actividades culturales y lúdico-deportivas. Sobre todo, estar en los territorios donde viven los chicos, para ser parte del desarrollo de sus vidas, que se sientan apoyados, valorados, no despreciados”.

“Hay que destinar recursos a los sistemas de protección de los chicos y prestar atención a los problemas que atraviesan, que en algunos casos pueden estar relacionados a problemas de consumo problemático. Es algo que se vuelve muy difícil para los padres, porque no saben dónde encontrar apoyo ante estas situaciones, se encuentran con un vacío, una ausencia del Estado”, aseguró.

En ese marco, propuso: “A los chicos hay que proponerles cosas, actividades, espacios donde puedan ser escuchados, herramientas para que puedan comprender la sociedad en la que viven, integrarlos, así se evita el encierro punitivo como castigo. Reforzando los sistemas de protección y acompañamiento. Es la mejor manera de generar mejores condiciones de convivencia en la comunidad. Lo que se puede ver hasta el momento, es que los sistemas de integración que fueron pasando a través de los años han fallado”.

Medios hegemónicos

Otro eje abordado por Valurtas es el rol de los medios de comunicación, en torno a cómo se trata la problemática: “Los medios hegemónicos de comunicación solo quieren llenar la pantalla, hablan de ‘los jóvenes’ y ahí confunden todo. No distinguen, presentan públicamente a los menores como monstruos. Así van construyendo sentido común, replican estereotipos, refuerzan la selectividad. Superponen la idea de la inseguridad para quienes podrían ser las víctimas y no hacen ninguna reflexión sobre los procesos de inseguridad y de la vulnerabilidad que atraviesan vastos sectores de la sociedad”.

“Los grandes medios de comunicación no están interesados en la reflexividad, solo piensan en hablar de un mismo hecho cien veces por día. Buscan soluciones a través del punitivismo, porque congelar a una persona, privándola de la libertad, no es una solución a la problemática”, criticó.

“Tenemos que pensar en la educación que reciben los chicos de los sectores más vulnerables y compararla con los chicos de las clases medias y acomodadas, ahí podremos ver que el castigo físico, el encierro y el aislamiento, no está dirigido a ellos, sino para los hijos de los pobres, que son los que muestran en la televisión señalándolos como los enemigos”, alertó.

Además, la especialista pidió que se investiguen a los instigadores del delito: “La mayoría de los delitos cometidos son contra la propiedad privada, muchísimos de ellos son robos de celulares, pero nunca se interesaron en ver cómo se venden, quienes lo compran y alimentan ese negocio. Solo piensan en reprimir a los chicos, pero detrás hay adultos que regulan ese mercado”.

Lo que dejó la dictadura

Finalmente, Valurtas recordó el origen de la regulación actual: “Es cierto que la Ley Penal Juvenil que está vigente es un decreto, una norma que elaboró la última dictadura cívico-militar, en 1981. Por lo cual, necesitamos crear una nueva, porque tenemos 40 años de necesidad de modificarla”.

“Por eso, venimos trabajando en la construcción de una Ley que contemple todos los factores necesarios para la integración y el acompañamiento. Con medidas restaurativas, para que estas conductas consideradas delitos sean atendidas desde el primer momento; para que los chicos pasen por un proceso de reflexión e integración”, concluyó.