La reforma laboral elimina impuestos clave que sostienen al INCAA, el INT y el INAMU. El resultado sería el desmantelamiento del sistema de fomento en todo el país.

Este es un nuevo intento del Gobierno por desmantelar el virtuoso sistema de financiamiento cultural que, en la Argentina, tiene más de un siglo. La primera versión de la Ley Bases incluía el cierre definitivo de algunos organismos y la limitación de la autonomía de otros. Ahora se eliminan los fondos sin eliminar las instituciones. Hernán Findling, presidente de la Academia de Cine, lo define con dureza: “La pérdida de financiamiento, si este articulado fuera aprobado, sería prácticamente total. El impacto para toda la industria audiovisual va a ser muy fuerte, porque desaparecen los mecanismos de recaudación. El INCAA quedaría totalmente dependiente del presupuesto general. Es decir, el Gobierno va a decidir año a año cuánto asignar y de qué manera. Sería la destrucción del INCAA”. Lo mismo ocurre con el INT y el INAMU.
Uno de los problemas adicionales es que nada garantiza que el Poder Ejecutivo transfiera el dinero necesario para que los organismos puedan funcionar. Algunos funcionarios habrían afirmado que los fondos serán enviados, respetando los montos de 2025. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2026, pendiente de aprobación, no incluye esas asignaciones. Si se aprueba tal como fue enviado, el fomento del cine, el teatro y la música independientes habrá desaparecido.
Para Sergio Mazza, productor, director y miembro asesor del INCAA, esta decisión “es la estocada final de un camino de desgaste”. El objetivo, desde el comienzo de la gestión, fue lograr el cierre de las productoras medianas, que durante los últimos 20 años generaron la mayor cantidad de contenidos en todo el país gracias a un sistema de apoyos y condiciones no económicas que este gobierno ha eliminado. “Dejamos de ser competitivos en el mercado internacional”, explica Mazza. “Los coproductores y los fondos internacionales van a cualquier lado antes que venir acá. El INCAA ya dejó de crear las condiciones para que la industria sea viable”.
Mientras se conocía el proyecto, en el Instituto se realizaba una reunión del Consejo Asesor con su presidente, Carlos Pirovano. Ante el pedido de que asumiera la defensa del sector ante el Congreso, el funcionario dejó en claro que forma parte del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no va a contradecir la ley enviada por el Presidente. Desde distintos ámbitos de la gestión cultural se respondió a Tiempo que el texto y el manejo del proyecto dependen del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.
Uno de los sectores más afectados por esta ley es el de los actores. Trabajadores ellos mismos, sus fuentes laborales se concentran tanto en el cine como en el teatro. Luis Rivera López, presidente del Consejo de la Asociación Argentina de Actores, coincide en que esta decisión se inscribe en la continuidad del virtual desguace del INT, donde los procesos se encuentran trabados y no hay respuestas al pedido de normalización de su funcionamiento. “Todas estas cosas están frenadas y, esencialmente, hay un presupuesto ahí que se va a perder”, explicó.
El INCAA y el INT son centrales para la actividad laboral de actores y actrices. Así lo remarcó Rivera López, quien agregó: “En la actividad actoral estos dos organismos son absolutamente fundamentales. Con un mínimo aporte económico, el INT logró que el teatro sea una actividad importantísima en toda la Nación. Y lo mismo ocurría con el INCAA, que en este momento está completamente frenado. El cine es un arte que necesita del Estado, apoyo que recibe en todas partes del mundo, incluso en los países con industrias más potentes”.
Gustavo Uano, presidente del INT hasta diciembre de 2023, coincide con este diagnóstico. “Esto lo buscaron desde el primer día. Esta administración avanzó en la centralización: cerró todas las oficinas, dejando atención solo en Buenos Aires. Le quitó el poder político al Consejo de Dirección, que garantizaba ecuanimidad, pertinencia y federalismo. Ese trabajo y debate conjunto permitía un reparto equitativo de los recursos entre las distintas provincias argentinas”.
Uano propone hablar en números: “Casi 600 espacios culturales independientes se sostenían con el presupuesto del INT. Más de 3.000 compañías recibieron apoyo. El organismo editaba libros de autores nacionales, hasta 30 títulos por año. Se promovía el desarrollo de giras para elencos con producción probada, ampliando fronteras y favoreciendo presentaciones en otros circuitos, ciudades y países. Todo eso ya fue suspendido por la gestión libertaria. Si se aprueba esta ley, se consuma la extinción del teatro independiente tal como lo conocemos, sobre todo en las provincias”.
El INAMU, creado a partir de una ley que garantiza participación y federalismo, también verá afectada la totalidad de su presupuesto. Para Diego Boris, primer presidente del organismo, “se destruye el financiamiento de organismos de fomento que redujeron las desigualdades geográficas de un país tan grande como el nuestro, facilitando la formación y el acceso a los medios de producción. Se anulan esas herramientas y se libra el arte a la lógica del mercado. Es una idea muy alejada de los impulsos por los cuales se hace el arte. El arte es una expresión mucho más potente que la necesidad de competir”.
Para Carmen Guarini, presidenta de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), es clave entender que la industria audiovisual nacional es mucho más que lo que se filma para plataformas. “Esta decisión implica un gran peligro para el cine de costo medio, que es el que finalmente alimenta a nuestro sector y a nuestra identidad. Detrás de esto hay un fundamento político y una pregunta que no tiene respuesta: ¿por qué quieren quedarse sin cine?”.
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